Luego de más de 13 horas de audiencia, finalmente el Juzgado de Garantía de Concepción impuso la medida de arresto domiciliario total, y arraigo nacional, para los cinco detenidos por el Caso Convenios: Camila Polizzi, Sebastián y Diego Polanco; junto a los exfuncionarios del Gobierno Regional: Simón Acuña, y Rodrigo Martínez. Esto pese a la petición de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
Ante aquello es que la fiscal regional, Marcela Cartagena, apeló verbalmente para buscar revocar la medida ante la Corte de Apelaciones de Concepción, en el caso de Polizzi y los hermanos Polanco. Esto a propósito de la imputación de lavado de activos. Sin embargo fue declarado inadmisible.
Tras este resultado, a la salida del Juzgado penquista, la fiscal Cartagena señaló que pese a que el tribunal no compartió parte de los argumentos entregados por el persecutor de todas maneras quedaron privados de libertad en sus domicilios.
“Consideramos que había méritos suficientes para pedirlo (la prisión preventiva)”, insistió.
Por su parte, el defensor local jefe de Concepción, Pablo Ardouin, también se mostró conforme con el resultado al haber evitado que su representada (Camila Polizzi) quedara en prisión preventiva.“Estamos satisfechos con la resolución en el sentido de que doña Camila pueda esperar en su domicilio el destino de la causa”.
En medio del caos que significó la salida de los cinco imputados, desde el cuarto piso del tribunal, solo Simón Acuña expresó su sensación tras haber evitado la cárcel. “Agradecido de poder ver a mi familia”, fueron las escuetas palabras de Acuña.
Teoría Fiscalía
Durante dos días el Ministerio Público intentó establecer que existían antecedentes para presumir que tanto los dos exfuncionarios públicos, como los hermanos Polanco y Polizzi, habrían desplegado una serie de acciones que permitían, en el primer caso, sostener que Martínez y Acuña habrían descuidado su deber de garantes de los recursos públicos asignados a la “Fundación en Ti”.
Sobre los otros tres particulares , estos se habrían concertado para lograr obtener el financiamiento mediante un proyecto que favorecería a vecinos de Barrio Norte, y que en definitiva este no habría cumplido con las actividades y acciones comprometidas.
Entre los antecedentes exhibidos en sala estuvieron una libreta de propiedad de Polizzi donde el Ministerio Público infiere que había un croquis con la distribución de los dineros a al menos 7 cuentas, en distintas entidades bancarias, donde hubo múltiples movimientos. Además, audios de conversaciones telefónicas entre los imputados.
Plazo de investigación
Finalmente se decretó 270 días para el plazo de la investigación, lo que equivale a nueve meses, considerando la serie de diligencias todavía pendientes por desarrollar, como el análisis de los computadores incautados a los imputados, peritajes caligráficos relacionados con firmas existentes en distintos documentos, y la declaración de cerca de un centenar de testigos, según lo anunciado en audiencia por parte de la fiscal regional.
En todo caso existen cinco días de plazo, es decir hasta el próximo martes, para presentar apelación escrita ante el tribunal de alzada.
Además, vale recordar que el Ministerio Público solicitó al tribunal de Garantía penquista día y hora tres nuevas formalizaciones por esta arista, donde estarían incluidos al menos otros dos funcionarios del Gore.La fecha aún no es conocida dado a que la indagatoria tiene carácter de reservada.
Reacciones políticas
Desde el mundo político las reacciones han continuado.
El diputado por la zona, Félix González (PEV) insistió en las responsabilidades entorno al gobernador regional, Rodrigo Díaz, comentando que él ve tres dimensiones que van desde lo administrativo hasta lo político.
“Hay una responsabilidad administrativa que la está viendo la Contraloría, hay una responsabilidad penal (…) Pero hay otra responsabilidad que es la responsabilidad política, él está en un cargo electo y esa responsabilidad la ve el Tribunal Electoral Regional”.
“No podemos seguir con un gobernador que está imputado y que tiene una debacle en el Gobierno Regional con 19 proyectos investigados. cuando él dice que él no sabía, que no sabía a quién se le había asignado, que no sabía para qué eran, significa que él hace cheques de $250 millones de pesos sin saber a quién y sin saber para qué y eso al menos tiene responsabilidad política”, agregó González.
Una mirada diferente mostró el diputado Eric Aedo (DC), quien expresó que “valoro lo que ha dicho el gobernador regional. Él ha dicho: ‘yo asumo la responsabilidad política’. Bueno, en asumir son actos de esa responsabilidad política. Y respecto a este caso, me parece que es muy parecido a lo que vive el propio ministro de Vivienda Iván Montes”.