La tragedia ocurrida el pasado viernes 17 de mayo en Chiguayante, donde un taxibús de la línea Vía Futuro protagonizó un fatal accidente, el cual dejó 3 personas fallecidas y cuyo conductor arrojó positivo a cocaína, volvió a encender las alarmas sobre las condiciones laborales, el control de antecedentes y el consumo de drogas entre choferes del transporte público en el Gran Concepción.
Desde la Seremi de Transportes del Biobío, el titular Patricio Fierro expresó su condena ante lo ocurrido, calificando el hecho como “gravísimo”. A la vez, reiteró que la máquina estaba con su documentación al día y que el conductor presentó su licencia a Carabineros. “Esperamos que el Ministerio Público y los tribunales apliquen el máximo de severidad en las sanciones. Vamos a iniciar un procedimiento administrativo contra la empresa, como lo contemplan las normas del perímetro de exclusión”, indicó.
Fierro informó que ya se convocó a una reunión con gremios del transporte para evaluar nuevas acciones. “Les hemos pedido incorporar controles aleatorios, revisar los reglamentos internos y coordinar con SENDA acciones preventivas y educativas con el objetivo de evitar que hechos tan lamentables como el del viernes, se vuelvan a repetir”, señaló Fierro.
Dirigentes microbuseros
En la misma línea, Luis Quiroz Ross, presidente de la Alianza Gremial del Transporte, reconoció que el tema se ha discutido en múltiples instancias, pero que aún faltan mecanismos concretos. “Necesitamos buscar todos los elementos que tiendan a optimizar el transporte, incluyendo programas de prevención y seguimiento del consumo de alcohol y drogas entre los conductores”, afirmó.
Quiroz también apuntó a la necesidad de respaldo normativo para implementar narcotest en terminales. “Estamos buscando antecedentes que nos permitan que estos controles sean legalizados de la mejor forma posible, y que también los conductores entiendan que es para mejorar sus condiciones”, añadió.
Dirección del Trabajo
Desde la Dirección del Trabajo, su directora regional Roxana Rubio explicó que la institución ha desarrollado fiscalizaciones específicas en el rubro y que han detectado informalidad y precariedad laboral que pueden incidir en la seguridad de los pasajeros. “El empleador está obligado a tomar medidas para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. En este caso, la empresa no contaba con un protocolo preventivo de consumo de alcohol y drogas ni con una política formal sobre el tema”, puntualizó.
La directora también señaló que, si bien no existe una obligación legal expresa para solicitar certificados de antecedentes penales, sí hay margen normativo para exigirlos en empleos con responsabilidades especiales, como la conducción de pasajeros. “La ley no lo exige expresamente, pero el artículo 2 del Código del Trabajo permite establecer requisitos si se justifican por la naturaleza de la función”, aclaró.
Rubio recordó que, sólo en los últimos 18 meses, la Dirección del Trabajo ha realizado 30 procesos de fiscalización en el transporte público regional, muchos de ellos motivados por denuncias de trabajadores y sindicatos. Sin embargo, lamentó la falta de compromiso de algunas empresas. “El año pasado se convocó una mesa de trabajo con participación de la Seremi del Trabajo y sindicatos del transporte, pero no siempre asisten representantes de todas las líneas, lo que dificulta avanzar”, afirmó.
Explicó además que la normativa vigente impone a los empleadores un deber de seguridad claro: implementar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. En ese marco, subrayó que en el transporte público esto incluye la prevención del consumo de alcohol y drogas, ya que los conductores trasladan personas y su labor implica riesgos evidentes para terceros y para sí mismos.
Rubio sostuvo que las empresas deben incorporar en su reglamento interno de higiene y seguridad la prohibición expresa del consumo de sustancias durante la jornada, junto a procedimientos de control aleatorio y planes de capacitación preventiva. “Tiene que haber un rol proactivo y continuo por parte del empleador, con controles que respeten los derechos fundamentales pero que sean efectivos frente al riesgo que implica conducir bajo los efectos de sustancias”, afirmó.
La directora recalcó que el incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear consecuencias legales. “Si el empleador no adoptó medidas eficaces y ocurre un accidente relacionado con el consumo de drogas o alcohol, puede ser responsable de la infracción al deber de seguridad, con efectos laborales o incluso penales”, advirtió.
Representante de conductores
Uno de los testimonios más complejos vino desde la propia Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile. Su vocero regional, José Coronado, aseguró que las condiciones laborales actuales son “miserables” y que han sido los propios dirigentes quienes han denunciado reiteradamente la venta y consumo de drogas en las cercanías de los terminales.
“Hemos conversado este tema con la Seremi, con el gobernador, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, Senda, PDI y Carabineros. Pero nadie ha hecho el trabajo como corresponde”, denunció Coronado.
El dirigente explicó que la precariedad laboral empuja a muchos trabajadores a extensas jornadas bajo condiciones de estrés extremo. “Los conductores trabajan 15 o 16 horas diarias, sin pago de horas extras ni subsidios. Solo ganan por boleto cortado. Y si no compites por el pasajero, no sirves. Eso lleva al uso de drogas para mantenerse despiertos. Esto lo hemos denunciado, pero nadie escucha”, expresó con molestia.
Además, criticó la falta de fiscalización sobre los terminales y las propias empresas operadoras, muchas de las cuales, según dijo, no cuentan ni siquiera con prevencionistas de riesgos. “Aquí el problema no es solo el conductor. Las empresas, el sistema completo, fallan. Hay taxibuses que han salido a la calle sin revisión técnica. ¿Y la responsabilidad de la empresa? Nada”, reclamó Coronado.
Desde el gremio, Quiroz, sostuvo que “Estamos buscando todos los antecedentes que tiendan a optimizar esto a través de la Seremi de Transporte y con otros organismos que también puedan colaborar para prevenir, buscar programas de prevención de alcohol y drogas, buscar seguimiento, prevención, con todos los talentos que eso conlleva a tener mejores conductores en la conducción”.
En cuanto a la capacitación, Coronado fue categórico en su crítica: “La licencia dice profesional, pero la mayoría de nosotros no somos técnicos ni tenemos formación formal. Lo que necesitamos son capacitaciones reales, en materias útiles, no charlas sobre relajación o dinámicas absurdas”.
El vocero insistió en que la génesis de muchos accidentes está en el propio modelo del transporte público urbano. “Este sistema obliga a competir por los pasajeros, y eso se traduce en presión, estrés y accidentes. Hemos alertado al Ministerio, al Presidente, pero seguimos sin cambios estructurales. Y mientras tanto, los seguros de vida de los conductores ni siquiera están a nombre de sus familias, sino de las empresas”, denunció.
Respecto a eventuales sanciones, la directora regional del Trabajo aclaró que el proceso de fiscalización aún está en curso y que no se pueden adelantar conclusiones. “El proceso de investigación está vigente, aún no ha concluido. Y si nosotros en nuestro proceso de fiscalización constatamos que hay algún incumplimiento a la normativa laboral, se dicta la correspondiente multa, sanción administrativa, que puede ser impugnada mediante recursos administrativos o judiciales”, explicó.
En ese contexto, la Dirección del Trabajo confirmó que la empresa Transporte Vía Futuro S.A., operadora de la máquina siniestrada, no contaba con un protocolo preventivo de consumo de alcohol y drogas. En paralelo, la Seremi de Transportes instruyó un procedimiento administrativo contra la firma, lo que podría traducirse en sanciones pecuniarias si se comprueban incumplimientos dentro del perímetro de exclusión.