La Contraloría General de la República (CGR) constató que 312 municipalidades del país -90%- no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) toda la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre 2024 y 2025.
Según el ente fiscalizador, eso significa que “no hay constancia de que tengan un plan vigente y/o de que hayan sesionado con la periodicidad que indica la normativa”.
En el Biobío, y en línea con la realidad nacional, el órgano contralor constató que sólo 2 municipios, Chiguayante y Arauco, de los 33 que componen la Región, han entregado al SPD toda la documentación correspondiente en la materia y que las otras 31 comunas no han cumplido con sus planes y/o con los consejos de Seguridad Pública. Aquello refleja que el 94% de las comunas no tienen constancia de plan de seguridad vigente.
Cabe precisar que, si bien 20 municipios han remitido sus planes de seguridad, estos aún no han remitido todas las actas del consejo comunal de la misma materia.
Según expone Contraloría, la importancia de esta temática radica en que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece instrumentos de gestión e instancias de coordinación para que los municipios adopten medidas intersectoriales que permitan mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
El informe Contraloría, asimismo, detalló que de los 31 municipios de Biobío que actualmente están sin la constancia de un plan de seguridad vigente, 9 están en categoría de “Urgentes”, es decir, tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual, que corresponden a Concepción, Los Ángeles, Alto Biobío, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Coronel, Mulchén, Tirúa, Tomé, Cañete, Hualpén y San Bárbara.
San Rosendo, Quilleco, Penco, Alto Biobío y Mulchén no han remitido ni el Plan Comunal de Seguridad Pública ni actas de las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública.
En base a la ley, los municipios deben enviar a la Subsecretaría de Prevención y Delito las actas de todas las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad. Lo mismo ocurre con los Planes Comunales de Seguridad Pública, los que además deben actualizarse anualmente durante su vigencia. Cabe hacer presente que, para el envío de esta documentación, los municipios deben utilizar el Sistema de Registros de Sesiones de Consejos, Diagnóstico y Planes Comunales.
Dentro de los diez días hábiles siguientes de celebrada una sesión del consejo comunal de seguridad pública, el alcalde deberá informar, mediante plataforma SIRECC, a la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la convocatoria y celebración de esta, los temas tratados y los acuerdos adoptados, si los hubiere.
Esto permite a la SPD verificar el funcionamiento de los Consejos, monitorear la coherencia del Plan Comunal de Seguridad, apoyar técnicamente su formulación y/o actualización y verificar su alineación con el Plan Nacional de Seguridad Pública, entre otras cosas.
De acuerdo con lo expuesto por Contraloría, la ausencia de los planes y el consejo de seguridad en los municipios “debilita la coordinación y la comunicación entre las autoridades locales, fuerzas policiales, entidades públicas y comunidad, disminuyendo la eficacia de las acciones que se pretenden tomar en materia de seguridad”.
De la misma forma, el ente fiscalizador complementa que “se aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas para el combate contra la delincuencia. Será mucho más difícil la prevención de delitos específicamente relacionados con la realidad comunal, afectando la exposición de la población a delitos u otros eventos”.
Tras el informe, Contraloría instruyó la remisión de los datos a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para emprender acciones que permitan dar cumplimiento a la normativa. Igualmente, se consideró la inclusión en análisis de riesgo, por parte del organismo fiscalizador, a las entidades detectadas en condición de incumplimiento.
Al mismo tiempo, la CGR ordenó a los municipios iniciar sumarios para determinar responsabilidades administrativas por el incumplimiento detectado.