La idea de una reducción del 10,6% en los recursos destinados al programa “Apoyo a la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala”, ejecutado por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y la Acuicultura (Indespa), encendió las alertas entre organizaciones pesqueras de la Región del Biobío.
Si bien desde el Gobierno se sostiene que la medida no obedece a un recorte operativo, sino a un reordenamiento presupuestario interno, los representantes del sector artesanal temen que la disminución afecte de manera directa a las caletas y comunidades costeras que dependen de estos fondos para subsistir.
De acuerdo con el documento “Variación de los Presupuestos de Programas Públicos”, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el programa contará para 2026 con un financiamiento de $10.509.031, monto inferior al aprobado para este año.
El objetivo de este traspaso, según la institución, sería fortalecer la inversión directa en infraestructura y apoyo territorial, más que reducir la cobertura del programa de apoyo.
Un recorte que inquieta al sector
El programa de apoyo a la pesca artesanal y a la acuicultura de pequeña escala tiene como misión mejorar la capacidad productiva, comercial y organizacional de los pescadores, mediante la entrega de fondos concursables para equipamiento, capacitación, infraestructura y asistencia técnica.
Pese a su relevancia, el programa fue evaluado con “mal desempeño” en la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG). Sin embargo, desde el mundo pesquero artesanal las explicaciones no logran disipar la preocupación.
En conversación con este medio, Cristian Arancibia, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío (Ferepa), calificó la situación como “un golpe más” a un sector que, asegura, lleva años enfrentando precariedad y falta de apoyo estatal.
“El Estado de Chile creó el Indespa justamente para respaldar a la pesca artesanal, pero lo hizo con un presupuesto limitado. Ahora, con este nuevo recorte, se genera más desazón entre las comunidades, porque vemos que la institucionalidad sigue sin estar a la altura de nuestras necesidades”, señaló Arancibia.
El dirigente agregó que la disminución presupuestaria se suma a la falta de recursos en instituciones fiscalizadoras como Sernapesca y la Armada de Chile, lo que, a su juicio, profundiza la crisis del sector.
“Nos encontramos con una carencia del Estado no solo en apoyo productivo, sino también en fiscalización. Ambas instituciones han reconocido que no pueden cumplir plenamente su rol por falta de presupuesto, y eso termina favoreciendo prácticas ilegales en la pesca”, sostuvo.
Crisis regional y ausencia de programas locales
Para Arancibia, la situación es especialmente compleja en el Biobío, donde la crisis pesquera ha golpeado con fuerza y donde, además, no se han desarrollado programas regionales del Indespa en los últimos cuatro años.
Según explicó, la falta de convenios entre el Instituto y el Gobierno Regional (GORE) ha dejado a las caletas sin instancias de apoyo concreto, señalando que “el país vive una crisis pesquera importante, y eso va de la mano con la falta de apoyo. En el Biobío hace cuatro años que no se ejecuta ningún programa regional para la pesca artesanal. Es una crisis profunda, no solo por la escasez de recursos marinos, sino también por la ausencia del Estado en la promoción de nuestra actividad”, advirtió.
Las mujeres del mar también se pronuncian
La reducción presupuestaria también genera inquietud en las organizaciones de mujeres vinculadas a la pesca artesanal. Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal y dirigente de Agremar Biobío, calificó el ajuste como “un error grave” que afectará directamente las oportunidades de desarrollo para quienes trabajan en actividades conexas a la pesca.
“Para nosotras sería muy triste y un gran error recortar el presupuesto a la pesca artesanal. En el Biobío hay una alta inscripción de actividades pre y post captura, muchas lideradas por mujeres, y este recorte podría frenar los procesos de certificación y el acceso a recursos para mejorar nuestro trabajo”, afirmó Garrido.
La dirigente añadió que desde su organización han participado en instancias legislativas y en la discusión del presupuesto nacional, solicitando que se revisen los criterios de distribución y se mantenga el apoyo al sector artesanal, particularmente en lo que respecta a las mujeres del mar.
“Vamos a estar atentos y no permitiremos que tengamos que pagar las consecuencias de decisiones que no nos corresponden. El desarrollo de la pesca artesanal depende de un compromiso real con las comunidades”, enfatizó.
Seguridad laboral en torno a la pesca
Desde la comuna de Talcahuano, César Jorquera Monsalve, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente, manifestó su preocupación por el impacto que el recorte podría tener en la seguridad laboral de los trabajadores del mar.
Según explicó, tras una serie de accidentes y fallecimientos registrados durante el último año, se esperaba que el presupuesto de 2026 contemplara un incremento en los fondos destinados a equipamiento de seguridad y prevención.
“Nosotros esperábamos que se aumentara el presupuesto, no que se redujera. Hemos tenido pescadores muertos y desaparecidos, y lo urgente hoy es invertir en seguridad, en chalecos salvavidas, en sistemas de geolocalización y en medidas que protejan la vida de los trabajadores”, expresó.
El dirigente criticó que el Estado esté destinando recursos a proyectos turísticos o de menor urgencia, en lugar de priorizar la protección de quienes salen diariamente al mar. Indicó que “el énfasis debería estar puesto en los seguros de vida y en las condiciones de seguridad, no en proyectos turísticos. Se deben modernizar los equipos, dotar de sistemas solares y GPS a las embarcaciones, y eso requiere inversión”, agregó.
Jorquera también advirtió que el recorte presupuestario llega en un contexto de incertidumbre administrativa por la demora en la publicación de la Ley de Remanente Pesquero, pendiente desde hace más de un mes.
“Hay más de 180 embarcaciones detenidas en la región esperando poder zarpar, y mientras eso no se resuelva, la situación es insostenible. Este ajuste es no entender el problema real de la pesca artesanal”, concluyó.