La tramitación fue informada en sesión de Concejo Municipal de Concepción, la cual estuvo marcada por el detalle de fiscalizaciones, dudas legales y el compromiso comunal de lograr una solución a la inquietud que genera iniciativa habitacional.
Años de espera, trámites administrativos y una tensión entre la comunidad y una iniciativa inmobiliaria marcaron el trasfondo de la Audiencia Pública Número 6 del Consejo Municipal de Concepción.
La instancia se transformó en un espacio para transparentar el estado actual del proyecto inmobiliario “Los Lirios”, emplazado en el sector Collao, y para recoger compromisos concretos por parte de las autoridades frente a una problemática que arrastra casi una década.
La audiencia tuvo como eje central el conflicto entre los vecinos del sector Los Lirios y el proyecto que originalmente contemplaba la construcción de cinco edificios, cuatro de 12 pisos y uno de menor altura, en las faldas del cerro colindante al sector Los Lirios.
Se trata de una iniciativa que, según los antecedentes expuestos, consideraba una inversión superior a los ocho millones de dólares y la edificación de más de 450 departamentos en una superficie superior a los diez mil metros cuadrados, en un entorno que los residentes describen como un pulmón verde.
Cronología de los hechos
El permiso de edificación fue otorgado en 2015, sin que existiera ejecución visible de obras durante los años siguientes. En 2018, al cumplirse tres años desde la aprobación, el terreno seguía cubierto de vegetación, sin excavaciones ni trazados, condición que, de acuerdo con la normativa vigente, debiese haber derivado en la caducidad automática del permiso.
Sin embargo, meses después, la Dirección de Obras Municipales dejó sin efecto dicha caducidad tras la presentación de antecedentes por parte de la empresa titular.
Posteriormente, las faenas fueron paralizadas en distintos periodos, particularmente durante 2021 y 2022, y hoy el proyecto se encuentra nuevamente en etapa de solicitud de modificación.
Uno de los puntos que más preocupación generó entre los asistentes fue la situación actual del terreno. En el lugar existe una laguna de origen artificial, que los vecinos describen como un humedal surgido producto de napas subterráneas y vertientes naturales.
Voces de los vecinos y afectados
La voz de los vecinos estuvo encabezada por Orietta García, presidenta de la Junta de Vecinos Protejamos Los Lirios y su Entorno, quien entregó su testimonio. Recordó que llegó a vivir al sector en 1985, cuando el cerro era un área verde abierta y sin intervenciones mayores.
Con el paso de los años, dijo, la comunidad se enteró de que el terreno colindante a sus patios sería ocupado por un proyecto inmobiliario de gran envergadura, alterando radicalmente el entorno construido y natural del barrio.
García fue enfática en cuestionar la legalidad del permiso de edificación, señalando que no se ajusta al principio de legalidad ni a los plazos establecidos en la normativa urbana.
A su juicio, resulta incomprensible que un permiso otorgado hace diez años siga vigente, pese a que las obras no se iniciaron dentro del plazo legal. Indicó que el caso se encuentra actualmente bajo revisión en la Contraloría General de la República, pero advirtió que la comunidad no puede seguir esperando indefinidamente mientras el barrio enfrenta los efectos de la incertidumbre y la falta de definiciones claras.
Cuestionó que el titular del proyecto haya desistido de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en enero de 2024, no para mejorar la iniciativa, sino, según sus palabras, para reducir el número de departamentos y así evitar la exigencia de una calificación ambiental.
Para los vecinos, sostuvo, el proyecto mantiene el mismo permiso original y, aun así, el municipio habría aceptado modificaciones que benefician a la inmobiliaria, pese a que la obra registra un avance nulo, hecho respaldado, aseguró, por actas oficiales. En ese contexto, solicitó formalmente que el municipio informe y declare la caducidad del permiso.
Problemas con las napas
Otro momento relevante de su exposición fue el relato sobre el socavón existente en el terreno, el cual, con el paso del tiempo, se llenó de agua debido a la presencia de napas y vertientes. Allí, dijo, comenzó a surgir vida silvestre, aves y vegetación nativa, transformándose en un espacio valorado por la comunidad.
Sin embargo, denunció que en semanas recientes la empresa a cargo del proyecto, Inmobiliaria Púrpura, habría retomado trabajos pese a no contar, según afirmó, con las condiciones exigidas, como la construcción previa de un muro de contención.
A estas preocupaciones se sumó el testimonio de Ivett Mendoza Munizaga, vecina del sector, quien puso el foco en el impacto humano y social del proyecto. Señaló que gran parte de la población afectada corresponde a adultos mayores, con una edad promedio cercana a los 70 años, quienes pasarían gran parte del día en sus hogares.
Someterlos al estrés de una construcción de gran escala, advirtió, implica exponerlos a ruidos constantes, vibraciones de maquinaria pesada y potenciales daños estructurales en viviendas colindantes.
Desde la municipalidad, el director de Obras subrogante, Cristián Olivares, reconoció que se trata de un permiso antiguo, con una historia marcada por situaciones normativas y legales complejas. Explicó que el proyecto data de 2015 y fue aprobado bajo el marco regulador vigente en ese entonces, distinto al actual, especialmente en lo relativo a las alturas permitidas.
Aclaró que la Dirección de Obras declaró en su momento la caducidad del permiso al cumplirse los tres años, pero que esta decisión fue revertida en 2019 luego de que la empresa presentara un informe que acreditaba un supuesto inicio de obras en 2018.
Olivares detalló que las prórrogas otorgadas estuvieron asociadas a la contingencia de la pandemia y que, tras ese periodo, se reactivaron los procesos administrativos. En 2021, indicó, se exigieron planes de mitigación, lo que derivó en una paralización.
Posteriormente, en 2024, el proyecto fue reingresado con una reducción en el número de departamentos, informándose a los vecinos sobre su aprobación. En ese marco, señaló que la nueva vigencia del permiso de edificación se extiende desde julio de 2025 hasta julio de 2028.
Nadia Garrido, vecina de Concepción y exconcejala, llamó a asumir responsabilidades institucionales. Planteó que el municipio aún tiene la posibilidad de impulsar acciones legales, como una auditoría que revise en detalle el permiso otorgado en 2015.
Cuestionó la existencia y disponibilidad de las actas municipales que habrían permitido dar continuidad al proyecto y subrayó la necesidad de que la institucionalidad pública responda con transparencia frente a la comunidad.
El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, reconoció las limitaciones legales del rol político frente a la autonomía de la Dirección de Obras, pero anunció medidas concretas.
Señaló que se sumará un equipo completo de profesionales jurídicos y del área ambiental para abordar la situación, especialmente por los riesgos asociados a deslizamientos de tierra y al manejo de aguas. Informó que se realizará un estudio por la saturación del alcantarillado y que se iniciará, de manera urgente, un proceso de fiscalización en terreno.
El jefe comunal fue crítico respecto a la interpretación del espíritu de la ley, señalando que no resulta razonable que, tras una década sin avances significativos, un movimiento mínimo de tierra permita extender la vigencia de un permiso. Aseguró que el municipio utilizará todas las herramientas disponibles y que los equipos técnicos trabajarán para encontrar una solución al conflicto.
Diario Concepción trató de comunicarse en reiteradas ocasiones con Inmobiliaria Púrpura para conocer su versión, sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible obtener respuesta.