En los últimos años, el centro de Concepción ha experimentado un cambio tan rápido como visible. La expansión de formatos comerciales de alta densidad —incluidos grandes bazares y tiendas de importación masiva, como los llamados “malls chinos”— ha ido ocupando locales tradicionales y edificios emblemáticos. El fenómeno no solo transforma la actividad económica; también modifica la forma en que se habita, se recorre y se reconoce el casco histórico.
Más allá del debate por precios o competencia —donde la Cámara de Comercio de Concepción ha advertido que esta expansión impacta en la relación con el comercio establecido y ha pedido fortalecer las fiscalizaciones—, el foco comenzó a desplazarse hacia otra dimensión: el efecto urbano. La discusión hoy incluye la calidad del espacio público y la pérdida de vitrinas y fachadas que, por décadas, dieron carácter al centro.
La preocupación aumenta cuando estos proyectos se instalan —o proyectan— en inmuebles con valor patrimonial. En esos casos, no solo está en juego el destino de un edificio: también la continuidad de una lectura histórica que permite comprender cómo evolucionó la ciudad. Allí confluyen los intereses privados, las atribuciones municipales y el rol normativo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Uno de los casos más significativos es la Casa de Pedro del Río, o Palacio Castellón. Construida entre 1915 y 1917 y declarada Monumento Histórico mediante el Decreto Supremo Nº 531 de 1995 del CMN, combinó influencias neoclásicas y Art Nouveau. Tras resistir sucesivos terremotos, fue intervenida para uso comercial durante la instalación de la multitienda Hites, proceso que implicó el vaciado de gran parte de sus espacios interiores. Hoy alberga, entre otros usos, la tienda Kassa Houseware Store.
Algo similar ha ocurrido con el Palacio Hirmas, levantado en 1925 en Barros Arana con Colo-Colo y reconocido como Inmueble de Conservación Histórica por el Plan Regulador Comunal. Por allí pasaron la Farmacia Weasson, el Supermercado Concepción, Modas Adria, la llamada Casa Oneto y luego las multitiendas Johnson y Corona. Tras la salida de esta última, el inmueble quedó en arriendo y comenzó a ofrecerse para proyectos comerciales de gran escala, incluyendo formatos tipo bazar, lo que volvió a abrir el debate sobre su futuro.
Para entender el fenómeno, arquitectos como Sergio Baeriswyl han advertido que la reconversión intensiva de inmuebles del centro —ya sea por retail tradicional o por nuevos formatos— suele reforzar una estética estandarizada, con baja inversión en fachadas y vitrinas. A su vez, el administrador municipal, Boris Negrete. ha señalado que estos cambios inciden directamente en el paisaje urbano. Ambos coinciden en que persisten vacíos normativos para ordenar la ocupación visual de las fachadas y proteger, de manera más clara, los edificios con valor histórico.
Así, la discusión no debe reducirse a si el centro debe o no tener comercio, sino reflexionar bajo qué condiciones. Entre la necesidad de reactivar la economía y el deber de resguardar inmuebles que cuentan parte de la historia penquista, surge una pregunta clave: cómo compatibilizar nuevos usos con marcos patrimoniales que eviten que la renovación termine borrando aquello que todavía permite reconocer al casco histórico.
Criterios de resguardo patrimonial
Desde la Municipalidad de Concepción reconocen que el centro requiere actividad para mantenerse vivo, pero advierten que ese dinamismo necesita reglas claras.
“La instalación de nuevos formatos comerciales (…) puede tener impactos positivos en términos de ocupación y actividad económica, pero también genera desafíos relevantes en imagen urbana, uso del espacio y coherencia con el carácter histórico del casco antiguo”, indicaron, subrayando que la evaluación municipal “no es ideológica ni discriminatoria”, sino técnica.
Cuando estos proyectos se emplazan en inmuebles con valor patrimonial, el municipio afirma que aplica exigencias más estrictas, apoyadas en el Plan Regulador Comunal (PRC), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y los informes de la Dirección de Obras Municipales.
“Se resguardan fachadas, volumetrías, materialidades relevantes y elementos arquitectónicos originales, además de exigir intervenciones reversibles que no alteren la lectura histórica del edificio”, sostuvieron. No basta —agregan— con cumplir la normativa comercial: también se evalúa el impacto urbano y estético del conjunto.
El Palacio Hirmas es un ejemplo de esos criterios. Al estar reconocido como Inmueble de Conservación Histórica (ICH), existen atributos “indispensables de proteger”: la fachada principal, su composición arquitectónica, las proporciones, la ornamentación y la relación del volumen con el espacio público.
“Cualquier intervención debe resguardar estos atributos y asegurar que el nuevo uso no banalice ni desdibuje el valor histórico del inmueble”, afirmaron.
Bajo esa lógica, la casa edilicia plantea que el resguardo patrimonial no actúa como freno, sino como marco para orientar las decisiones sobre el centro. “Creemos que la protección del patrimonio y la actividad económica no son objetivos contrapuestos”, señalaron, siempre que la reactivación se haga bajo criterios y límites claros que eviten diluir la identidad urbana construida por décadas.