Expertos plantearon que la medida no era viable desde lo técnico ni lo jurídico.
Por mayoría de votos, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación rechazó legislar el proyecto que plantea modificar la ley N°18,119, para reforzar la persecución penal del robo de medidores de agua potable. Tras el rechazo en general del texto, la modificación pasa a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que resolverá si la iniciativa continúa o no en tramitación.
Durante la discusión, al interior de la comisión se abordaron los fundamentos de la propuesta a partir de la opinión de expertos que señalaron que esta norma no resulta necesaria ni viable. Esto, porque la legislación vigente ya permite sancionar el robo de medidores de agua potable.
El profesor de derecho penal de la Universidad Católica, Ignacio Ried, y el abogado Juan Peña, manifestaron que el Código Penal contempla herramientas para sancionar esta conducta. Señalando que, a través de las figuras de robo con fuerza, hurto y receptación, la normativa ya considera la protección penal a los elementos que forman parte de redes de suministro de servicios públicos.
Además, durante el análisis se advirtió la dificultad de aplicar algunas de las figuras propuestas, considerando que los medidores de agua suelen ubicarse en el exterior de los inmuebles o en sectores colindantes con la vía pública. En esa línea, se plantearon reparos respecto de la coherencia técnica de las modificaciones planteadas.
Por último, la instancia abordó eventuales efectos procesales derivados del aumento de las penas mínimas contempladas, lo que podría incidir en la tramitación de estos delitos dentro del sistema penal.