En el Gran Concepción, las lagunas urbanas cumplen a la vez funciones recreativas y ambientales, pero también concentran riesgos que obligan a mirar su gestión con más detalle. Allí se instalan paseos, balnearios y circuitos usados por cientos —e incluso miles— de personas cada verano. Pero detrás de esa escena, también se han evidenciado cambios en la calidad del agua y presiones del entorno que, cada cierto tiempo, obligan a definir cómo se cuidan y quién interviene según sus atribuciones.
Esa tensión entre uso recreativo y fragilidad ambiental ha impulsado diagnósticos de diverso tipo. Informes municipales, estudios de la Dirección General de Aguas (DGA) y trabajos universitarios han permitido caracterizar las principales presiones: exceso de nutrientes, cambios en la calidad del agua y floraciones algales recurrentes, con impactos que varían según cada laguna.
Con ese telón de fondo, Laguna Redonda se vuelve un caso espejo. La última modernización del parque —con circuitos de paseo, iluminación y áreas de descanso— reforzó su uso recreativo, pero no despejó todas las dudas sobre el estado del agua. A diferencia de otros cuerpos del área, como Lo Méndez y Laguna Verde, que han sido parte de monitoreos recientes, en esta los antecedentes son fragmentarios y se concentran en episodios puntuales, lo que deja abiertas preguntas sobre su evolución y su manejo más allá del equipamiento urbano.
En conversación con Diario Concepción, el seremi del Medio Ambiente, Pablo Pinto, explicó que el seguimiento de lagunas urbanas “es una consideración permanente”, aunque condicionado por las herramientas disponibles. “Las lagunas no cuentan con un monitoreo permanente —señaló— y mucha de la información se rescata de distintos trabajos de investigación o de situaciones que se dan en verano, como los bloom de algas”.
Según el seremi, la acción institucional se activa principalmente cuando surgen episodios específicos. “Cuando aparecen floraciones o situaciones que podrían ser riesgosas, se evalúan sus efectos para la salud humana”, indicó. En esos escenarios, el Ministerio articula apoyos y acompaña la gestión municipal, pero —reconoció— “no existe un programa particular para lagunas urbanas”.
Pinto precisó además que “no hay procesos abiertos de declaratoria ni otros instrumentos en curso para el Gran Concepción”. La eventual incorporación a la Ley de Humedales Urbanos añadió, depende primero de cada municipio, “dentro de sus facultades y prioridades”.
Gobernanza distribuida
Esa dinámica se cruza con responsabilidades distribuidas. Ante riesgos sanitarios interviene el Ministerio de Salud; cuando existen denuncias o sospechas de contaminación, actúa la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA); y los municipios administran accesos y usos del borde. La coordinación se organiza caso a caso, lo que dificulta construir series largas y evaluar tendencias.
A ello se suma un conjunto de brechas técnicas señaladas por diagnósticos municipales, investigaciones del CREA-UCSC y estudios del Centro EULA-UdeC: falta de indicadores comparables, metodologías homogéneas y acceso público a los datos. Parte de estos trabajos propone combinar control de nutrientes, humedales artificiales y educación ambiental, aunque advierte que tales medidas requieren continuidad y acuerdos estables.
Hacia adelante, asoma también la opción de evaluar figuras de resguardo —entre ellas, la eventual incorporación a la Ley de Humedales Urbanos—, un camino que supone estudios, coordinación y voluntad municipal que hoy no registra avances formales. En una “ciudad del agua”, como describen estudios asociados al Plan Local de Cambio Climático, el desafío es compatibilizar recreación y protección, articulando criterios entre servicios y municipios para pasar de respuestas puntuales a una planificación sostenida.