Sostienen que centrales desconectadas no han cumplido íntegramente sus obligaciones de remediación. En Coronel figuran Bocamina I y II, aunque bajo marcos regulatorios distintos.
El proceso de descarbonización en Chile cruzó un hito simbólico: 14 de las 28 centrales termoeléctricas a carbón que operaban en 2019 ya están fuera del Sistema Eléctrico Nacional. Es decir, el 50 % de las unidades se desconectó entre 2019 y 2025. Sin embargo, para diversas organizaciones ambientalistas, el cierre energético no equivale necesariamente a un cierre ambiental.
En ese contexto, Greenpeace, Chile Sustentable y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ingresaron una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), acusando que ninguna de las 14 unidades retiradas ha cumplido íntegramente con la normativa ambiental aplicable a su abandono y desmantelamiento.
A nivel técnico sostienen que, si bien el retiro ha permitido reducir emisiones de contaminantes locales y gases de efecto invernadero como el CO₂, los procesos posteriores no estarían asegurando la remoción de infraestructura, la gestión de residuos ni la remediación de suelos.
“Hoy día, lamentablemente, la contaminación, las canchas de acopio de carbón, los cenizales, los ductos al mar y la infraestructura están quedando en las comunidades como un pasivo ambiental, eso no implica una transición justa. Estos cierres se deben ajustar a lo que dicta la ley”, afirmó Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.
En la misma línea, la abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, advirtió que “estos hechos, considerados en su conjunto, configuran un incumplimiento sistemático de la normativa ambiental aplicable, afectando el derecho de las comunidades a un medio ambiente libre de contaminación y debilitando los objetivos de una transición energética justa en nuestro país”.
La denuncia diferencia dos grupos de centrales. Siete unidades no cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por haber iniciado operaciones antes del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entre ellas Bocamina I en Coronel. No obstante —plantean las organizaciones— igualmente deben cumplir normas sectoriales establecidas en el Código Sanitario y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, especialmente en materias como desmantelamiento, transporte y disposición final de desechos.
Las otras siete sí cuentan con RCA —entre ellas Bocamina II en Coronel—, pero, según la denuncia, no habrían ejecutado compromisos explícitos de cierre, como la presentación de planes de abandono, la cobertura de vertederos de cenizas, el monitoreo post cierre o la restauración ambiental de los sitios intervenidos.
En ese escenario, el Biobío aparece como un territorio emblemático. Dos de las unidades incluidas en la denuncia se ubican en Coronel: Bocamina I, cerrada en 2020, y Bocamina II, que cesó operaciones en 2022. Allí, la discusión nacional sobre cumplimiento normativo se cruza con un debate local que lleva años abierto.
Evaluación de Bocamina I
Por ahora, el desmantelamiento de Bocamina I avanza en el plano administrativo. En diciembre de 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para su retiro, proyecto que contempla una inversión de US$12 millones, luego de que la unidad cesara operaciones el 31 de diciembre de 2020 en el marco del retiro anticipado formalizado por el Ministerio de Energía.
En ese contexto, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, había declarado que era necesario transparentar los antecedentes hacia la comunidad, informando con claridad qué contemplaría el desmantelamiento, qué ocurriría con la planta aún administrada por Enel Generación y cómo ese proceso impactaría en el entorno local.
Una de las preocupaciones que concentró mayor atención fue el vertedero de cenizas del Cerro Millabu. El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Coronel, José Barra, señaló que debían despejarse dudas sobre eventuales impactos en las napas subterráneas y sobre si el cierre contemplaría medidas vinculadas a la reposición de empleos.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, el seremi del Biobío, Pablo Pinto, explicó entonces que estos procesos están sujetos a evaluación por parte de las instituciones competentes y deben ajustarse a estándares ambientales y mecanismos de participación. Por su parte, Enel Generación había señalado que el cierre no se limitaba al cese de operaciones, sino que contemplaba trabajos preliminares para asegurar las instalaciones antes del desmantelamiento definitivo, además de un plan de cierre y revegetación del depósito de cenizas.
Bocamina II
Distinto es el caso de Bocamina II. Según lo dispuesto en sus tres resoluciones, la unidad contempla una fase de cierre formal y obligatoria. Debe ejecutar medidas específicas, entre ellas la contratación de personal para las faenas de abandono, el retiro de equipos y estanques con aceites y combustibles, el desmantelamiento o demolición de instalaciones, el tratamiento y disposición de residuos, así como la limpieza y restauración de suelos.
Las resoluciones también establecen exigencias particulares respecto del vertedero de cenizas, incluyendo su cobertura final para permitir el repoblamiento vegetal y la recuperación paisajística del entorno. Es precisamente en ese conjunto de obligaciones donde las organizaciones sostienen que existirían incumplimientos.
Mientras la empresa ha destacado el cierre técnico del depósito de cenizas y su reconversión en un área verde mediante sistemas de impermeabilización y revegetación, la denuncia ante la SMA instala una interrogante de fondo: si las acciones implementadas satisfacen plenamente las condiciones fijadas en la RCA o si persiste una brecha entre el cese de generación eléctrica y el cierre ambiental efectivo del complejo.
En ese marco, mientras la descarbonización avanza en cifras, el debate sobre el cierre integral de las centrales se instala tanto a nivel nacional como en territorios del Gran Concepción. La pregunta vuelve a ser estructural: si el cese de la generación eléctrica es suficiente para hablar de transición energética o si el estándar debe medirse también en el retiro de infraestructura, la gestión de residuos y la remediación ambiental de los sitios intervenidos.