La investigación abarcará a las 14 centrales a carbón desconectadas del país, incluidas aquellas con y sin RCA. Enel Chile descarta incumplimientos ambientales.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) confirmó que la denuncia presentada por organizaciones ambientales por el cierre de 14 centrales termoeléctricas a carbón fue declarada admisible y se encuentra actualmente en etapa de investigación. “La denuncia consultada fue declarada admisible y actualmente se encuentra en etapa de investigación por parte de la Superintendencia”, señalaron desde el organismo, precisando que se trata de un proceso aún en desarrollo.
Desde la entidad aclararon que “al tratarse de una investigación en curso, no es posible pronunciarse anticipadamente sobre eventuales incumplimientos de obligaciones establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o en las normas de emisión aplicables”, acotando así el marco de la indagatoria y descartando cualquier conclusión previa.
La SMA explicó además que la investigación “aplica tanto para instalaciones que cuentan con RCA como para aquellas que no disponen de ella, las cuales deben cumplir con las normas de emisión que correspondan”, agregando que “pueden existir obligaciones de carácter sectorial cuya fiscalización corresponde a otros organismos con competencia en la materia”.
La indagatoria se inscribe en el proceso de descarbonización eléctrica del país, donde desde 2019 se han desconectado 14 de las 28 centrales a carbón que operaban en Chile. Si bien este avance permitió reducir emisiones locales y gases de efecto invernadero, el debate se ha desplazado hacia una etapa más compleja, centrada en el retiro de infraestructura, la gestión de residuos y la remediación ambiental tras el fin de la generación, foco que motivó la denuncia presentada por Greenpeace, Chile Sustentable y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
La presentación distingue dos escenarios regulatorios: siete centrales que no cuentan con RCA, por haber iniciado operaciones antes del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero que igualmente deben ajustarse a normativa sectorial; y otras siete unidades con resoluciones ambientales vigentes que —según la denuncia— no habrían ejecutado completamente los compromisos de cierre establecidos en dichas autorizaciones.
Dentro del Biobío, dos de las centrales mencionadas se emplazan en la comuna de Coronel: Bocamina I, que hoy se encuentra en evaluación ambiental para su desmantelamiento, y Bocamina II, que cuenta con obligaciones de cierre definidas en sus resoluciones ambientales.
Posición de la empresa
Enel Chile, compañía propietaria de las centrales Bocamina, aseguró que el proceso de cierre de ambas unidades se ha desarrollado conforme a la normativa vigente. “Enel Generación Chile concretó el cierre de Bocamina I en diciembre de 2020 y Bocamina II en septiembre de 2022, convirtiéndose en la primera empresa del país en dejar de producir energía a partir del carbón. En noviembre del año pasado la compañía ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Biobío la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la fase de cierre definitivo de la Unidad I”, señalaron.
“Este trámite, junto con los permisos ya obtenidos para la Unidad II, permite iniciar el proceso de desmantelamiento del complejo en coronel conforme a la normativa ambiental aplicable”, añadieron desde la empresa.
Asimismo, Enel descartó “cualquier abandono o incumplimiento de compromisos ambientales”. Como ejemplo, mencionaron la reconversión del antiguo depósito de cenizas en un área verde de aproximadamente 10 hectáreas, desarrollada en conjunto con la Universidad de Concepción. “El proyecto incorpora tecnología de sellado y restauración ambiental, fomenta la biodiversidad mediante especies nativas y transforma el espacio en un nuevo pulmón verde para la comuna”, indicaron.
Según la empresa, “el ex depósito de cenizas se encuentra cerrado, según lo ha verificado la Seremi de Salud regional, y en pleno cumplimiento de las obligaciones establecidas en su licencia ambiental”.
Vista aérea de Coronel y el complejo termoeléctrico Bocamina | Foto: Carolina Echagüe M.
Mirada municipal
Desde la Municipalidad de Coronel subrayan que, para ambas unidades, se trata de procesos distintos, con marcos regulatorios diferenciados. En el caso de Bocamina I, señalaron que se mantienen atentos al proceso de evaluación ambiental actualmente en curso. En ese contexto, informaron que sostuvieron una reunión por Ley de Lobby con la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), instancia en la que presentaron observaciones y consultaron por la solicitud de participación ciudadana impulsada por agrupaciones locales y personas naturales.
“El interés del municipio es contar con mayor claridad respecto de las exigencias ambientales, las medidas de control y los resguardos que se impondrían durante el desmantelamiento”, indicaron desde la administración comunal. En esa línea, enfatizaron que el proceso “no debiera limitarse a una tramitación administrativa”, considerando los eventuales impactos sobre el entorno y la comunidad.
Distinta es la situación de Bocamina II. Al tratarse de una central que cuenta con RCA, desde el municipio señalaron que se mantienen atentos y vigilantes a un seguimiento permanente del cumplimiento de sus obligaciones de cierre, considerando los posibles impactos a nivel local. No obstante, precisaron que la fiscalización directa corresponde a la autoridad competente, a la cual se canaliza la información disponible.
Uno de los puntos que concentra mayor inquietud a nivel local es el vertedero de cenizas del Cerro Millabu. Desde la casa edil reconocieron que la información actualizada disponible es escasa, motivo por el cual han realizado consultas a organismos sectoriales con el objetivo de evaluar eventuales riesgos ambientales y sanitarios para la población.
“Nos preocupa no contar con antecedentes claros respecto del estado actual del depósito y de las medidas de resguardo asociadas”, señalaron, agregando que este tema ha sido reiteradamente planteado por vecinos y organizaciones del sector.
En paralelo, explicaron que se están impulsando gestiones a través de la Mesa de Transición Socioecológica Justa de la comuna, buscando que tanto el plan de cierre como el plan de revegetación del depósito de cenizas sean presentados y explicados ante esa instancia y la comunidad. Según indicaron, la mesa continúa funcionando como un espacio de coordinación interinstitucional y diálogo territorial y, tras el receso de febrero, uno de los primeros temas en agenda será el seguimiento de los procesos de cierre de Bocamina I y II.
Vecinos de Coronel
Desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Coronel, su presidente, José Barra, señaló que tenían conocimiento de que se evaluaba la presentación de una denuncia por parte de organizaciones ambientales, aunque no contaban con todos los antecedentes al momento de su ingreso formal. “Conocimiento, así como que se estaba pensando hacer la denuncia, hasta ahí yo supe”, indicó.
A su juicio, persisten múltiples interrogantes respecto de los pasivos que podrían quedar tras los cierres. “Se habla de cierre, pero no tenemos claro todos los pasivos que nos van a quedar. El vertedero de cenizas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con las napas subterráneas?”, planteó. A ello sumó críticas al proceso de involucramiento comunitario: “La participación ciudadana ha sido muy deficiente; la convocatoria también, y falta instruir más a los vecinos frente a la situación”, concluyó.