El Informe de Recomendaciones de la Mesa Interinstitucional de Adopciones Forzadas o Irregulares, es un documento que consolida un diagnóstico técnico y propone medidas legislativas, administrativas y de coordinación para avanzar en acciones concretas por verdad, justicia y derecho a la identidad.
Dicho documento fue presentado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren Stork, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
Dicha instancia constituye un paso relevante en la respuesta del Estado frente a las miles de denuncias vinculadas a adopciones ocurridas entre las décadas de 1950 y 2000, hechos que han sido reconocidos como graves vulneraciones al derecho a la identidad y a la vida familiar.
A la actividad asistió también la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, y la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva. Asimismo, participó el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, junto a representantes de organizaciones vinculadas a la materia, entre ellas la ONG Connecting Roots en Chile, la ONG Nos Buscamos y la Fundación Hijos y Madres del Silencio.
“Sabemos que ningún esfuerzo institucional puede deshacer las consecuencias y secuelas de lo ocurrido, pero también sabemos que el trabajo coordinado del Estado, en diálogo con la sociedad civil y con el apoyo de la cooperación internacional, puede abrir caminos de reconocimiento, reparación y reencuentro”, afirmó el canciller Alberto van Klaveren.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, señaló que: “Estas medidas consolidan una respuesta que está teniendo el Estado frente a una problemática compleja, que es de larga data, que tiene además un profundo impacto humano que esperamos pueda ir sanando las heridas que genera las adopciones irregulares o forzosas”.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “desde el rol que nos corresponde en la protección integral de la niñez, afirmamos que el derecho a la identidad y a vivir en familia es irrenunciable. Las adopciones forzadas o irregulares significaron una vulneración profunda a niños y niñas que fueron separados injustamente de sus orígenes. Hacernos cargo de esas infancias arrebatadas es parte del deber del Estado: reconocer, acompañar y reafirmar que nunca más una vulneración de esta gravedad puede quedar sin respuesta”.
“La búsqueda del origen y la identidad no puede seguir siendo una experiencia solitaria. Con la creación de esta Unidad y del Banco de Huellas Genéticas, el Estado instala una capacidad institucional permanente para acompañar estos procesos”, relevó la subsecretaría de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla.
Por su parte el seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío, Carlos Uslar Venegas, indicó que “la implementación de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y el Banco de Huellas Genéticas permitirá que la búsqueda de la verdad deje de ser un esfuerzo solitario de las víctimas. Estas medidas buscan sanar heridas históricas y convertir el derecho a la identidad en una realidad tangible. Desde la Región del Biobío, colaboraremos con la Subsecretaría de Derechos Humanos para asegurar que estas herramientas lleguen a todo el territorio, acompañando a las familias con la dignidad y justicia que merecen.”
¿En qué consisten las nuevas medidas institucionales?
- Creación de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares en casos de Adopciones Forzadas o Irregulares, que funcionará en la Subsecretaría de Derechos Humanos y comenzará a operar durante el primer semestre del año. Esta unidad tendrá por objetivo acompañar y coordinar procesos de búsqueda administrativa, así como articular el trabajo interinstitucional necesario para facilitar el acceso a información relevante.
- Banco de Huellas Genéticas, herramienta científica complementaria destinada a apoyar los procesos de identificación y búsqueda, especialmente en casos de alta complejidad.
“Estas medidas se desarrollarán bajo un modelo de trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal, fortaleciendo la cooperación institucional y consolidando una ruta clara de acompañamiento para las personas afectadas”, señalan en el escrito.