La discusión sobre cómo financiar la reconstrucción tras los incendios forestales que golpearon a la Región del Biobío volvió a tensionar el escenario político local, luego de que el diputado Patricio Pinilla cuestionara públicamente las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, respecto a la falta de recursos para avanzar en el proceso si no prospera el denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo.
La controversia surgió después de que el secretario de Estado advirtiera en Concepción que “en caso de que no se apruebe el proyecto no tenemos de dónde generar los $428 mil millones que cuesta la reconstrucción”, en medio de una compleja situación marcada por las secuelas de los incendios del verano y una de las tasas de desempleo más altas del país.
Las declaraciones del ministro generaron una inmediata reacción del parlamentario Pinilla, quien rechazó el planteamiento del Gobierno y sostener que existen herramientas constitucionales suficientes para financiar las obras y ayudas comprometidas.
“Lo que dice el ministro es falso. Acabo de oficiar a Vivienda y a Interior para solicitar oficialmente que el Gobierno ocupe el 2% constitucional en la reconstrucción. Si esta cuesta 428 mil millones, los cerca de $1.700 mil millones del 2% alcanzan a cubrirlo sin necesidad de reforma”, afirmó el legislador.
Sus dichos abrieron un debate entre parlamentarios del Biobío, donde surgieron posturas divididas respecto de la viabilidad política, económica y jurídica de recurrir a ese mecanismo excepcional contemplado en la Constitución.
Congreso
Uno de los respaldos más claros al ministro vino desde el diputado republicano Cristóbal Urruticoechea, quien defendió la gestión de Poduje y sostuvo que el titular de la cartera ha demostrado claridad respecto al camino que debe seguir la reconstrucción.
“El ministro Poduje es un ministro que está haciendo las cosas muy bien, además sabe muy bien lo que está haciendo”, afirmó el parlamentario, agregando que gracias a esa gestión existe esperanza de avanzar en soluciones habitacionales pendientes en la región, particularmente en comunas como Lota.
Urruticoechea sostuvo además que el proyecto defendido por el Ejecutivo no sólo apunta a financiar la reconstrucción, sino también a impulsar empleo y crecimiento económico en un contexto de deterioro económico regional. En esa línea, rechazó la idea de que el Gobierno esté cerrando otras alternativas de financiamiento.
“No está descartando ninguna alternativa de financiamiento, pero lo que sí hay que tener claro es que esta es una reforma que nos va a permitir alcanzar mayores empleos, bajar ciertos costos de vida y poder hacer cosas en el país que hoy lamentablemente no se pueden hacer”, señaló.
Carolina Echagüe.
Desde una mirada completamente distinta, el diputado y presidente regional de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, cuestionó el tono utilizado por el ministro y calificó sus declaraciones como una forma de presión política hacia el Congreso.
Ortiz recordó que ya había manifestado reparos cuando el secretario de Estado planteó que sin la aprobación del proyecto no existirían recursos para reconstrucción.
A juicio del parlamentario, el Estado sí cuenta con herramientas financieras para responder a la emergencia.
“Tiempo atrás, cuando el ministro Poduje dijo que si no se aprobaba esta ley de Reconstrucción Nacional entonces no iba a haber plata para ayudar a las personas afectadas por los incendios, lo dije claramente: lo veía incluso hasta como un chantaje”, afirmó.
El legislador democratacristiano sostuvo que existen alternativas constitucionales viables, entre ellas el uso del 2% constitucional mencionado por Pinilla, mecanismo que permitiría financiar parte importante de las necesidades derivadas de la catástrofe.
“Porque el Estado tiene plata, el Estado no está quebrado y está más que comprobado. Siempre hay alternativas”, enfatizó Ortiz, quien además llamó a evitar discursos que generen incertidumbre entre las familias afectadas.
En el Partido de la Gente también surgieron voces favorables a explorar el mecanismo constitucional. El diputado Patricio Briones sostuvo que la Constitución efectivamente entrega facultades al Presidente de la República para utilizar hasta un 2% del gasto autorizado en la Ley de Presupuestos frente a situaciones de calamidad pública.
El parlamentario planteó que, considerando la magnitud de los incendios forestales que afectaron al Biobío, esa herramienta podría transformarse en una vía razonable para responder a las urgencias sociales existentes.
“Creemos que existiendo suma urgencia social, grave calamidad y una facultad presidencial expresa, sería una buena opción recurrir a este mecanismo constitucional para solventar las urgencias de la gente”, indicó.
Briones precisó que ello podría orientarse a necesidades en vivienda, seguridad e infraestructura, aunque subrayó que igualmente el debate debe mantenerse dentro de las instancias democráticas y legislativas correspondientes.
En una posición más moderada, la diputada del PDG Lilian Betancurt evitó profundizar en la confrontación política y puso el foco en la necesidad de diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo.
La parlamentaria manifestó que espera que el ministro Poduje asista próximamente a la Comisión de Vivienda para aclarar las dudas surgidas tras sus declaraciones y abordar técnicamente las distintas opciones de financiamiento.
“Creo que el mejor camino siempre será el diálogo”, afirmó Betancurt, quien añadió que las diferencias deben resolverse “con altura de miras y poniendo por delante las necesidades de las personas”.
A juicio de la legisladora, el centro de la discusión debe mantenerse en las familias damnificadas y en acelerar la reconstrucción, más que en las controversias políticas derivadas de las declaraciones cruzadas.
Sin embargo, no todos los parlamentarios del Biobío compartieron la postura impulsada por Pinilla. La diputada Joanna Pérez, de Demócratas Chile, advirtió que el debate no puede reducirse a una fórmula financiera simplificada, considerando la magnitud de los daños provocados por los incendios en las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso.
“La reconstrucción no se financia con discursos simplistas”, sostuvo la parlamentaria, quien cuestionó la idea de que bastaría utilizar el 2% constitucional para resolver integralmente las necesidades derivadas de la tragedia.
“Decir que basta con usar el 2% constitucional para enfrentar la reconstrucción es desconocer la magnitud de la tragedia que vivieron regiones como Ñuble, Biobío y Valparaíso”, afirmó.
Pérez insistió en que el país enfrenta simultáneamente desafíos económicos relevantes y que cualquier decisión debe considerar tanto la urgencia de reconstrucción como la necesidad de mantener la estabilidad fiscal y reactivar el crecimiento.
“El costo de la reconstrucción es enorme y requiere financiamiento responsable. No podemos simplemente endeudar más al país ni gastar todos los ahorros de la nación”, señaló.