Tras la incertidumbre en torno al futuro del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío (PFI), el instrumento comenzó finalmente a delinear su nueva etapa.
Aunque seguirá operativo durante 2026, desde el Ejecutivo ya se habla de una transición gradual hacia Biobío 2050, la estrategia de desarrollo impulsada por el Gobierno Regional (Gore), mientras que será el actual seremi de Economía del Biobío, Christian Cifuentes, quien asumirá su conducción posterior a la salida de Carolina Parada.
Más allá de eso, el escenario abre interrogantes sobre qué ocurrirá con la institucionalidad levantada tras la crisis de Huachipato y bajo qué lógica económica avanzará ahora la principal apuesta industrial en la región durante los últimos años.
Creado en 2024 bajo la administración del exPresidente Gabriel Boric, el PFI surgió como una herramienta de contención laboral y articulación público-privada frente a la emergencia industrial que trajo consigo el cierre de la siderúrgica.
Con un 78 % de avance reportado durante el primer trimestre de 2026, el instrumento comenzó a desplazarse desde la crisis hacia una lógica más amplia de desarrollo económico regional, ahora cruzada por el nuevo enfoque impulsado por La Moneda, centrado en el destrabe de inversiones, y la gestión de la llamada “permisología”.
El devenir y el cambio de lógica
La señal más explícita sobre ese giro provino del propio Cifuentes, quien, consultado por el escenario que enfrenta el PFI tras el cambio de administración, confirmó que la actual Ley de Presupuestos contempla recursos “para poder hacer un traspaso hacia el plan Biobío 2050”, reconociendo así una transición que hasta ahora se describía públicamente solo en términos de articulación entre ambas iniciativas.
“La glosa toma el Plan de Fortalecimiento Industrial y asigna recursos para poder hacer un traspaso hacia el plan Biobío 2050”, comentó.
Ahora bien, el seremi precisó, que aquello no implica que desde Palacio vayan a desentenderse de la agenda vinculada al instrumento, describiendo que se pretende instalar un “sello” dirigido a “destrabar inversiones, generar empleo y potenciar el desarrollo”. “El objetivo no es recaudar, es crecer”, incluso vinculando el futuro del PFI con la lógica detrás del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico.
Aquel giro no es menor considerando la evolución que tuvo el plan desde su creación. Oficialmente presentado en septiembre de 2024, el “corazón” del mismo consideró 32 medidas asociadas a subsidios laborales, apoyo a proveedores, aceleración de proyectos y una gobernanza integrada por sindicatos, gremios, universidades y organismos públicos. Sin embargo, con el paso de los meses, el instrumento comenzó a dejar atrás la contingencia inmediata derivada del cierre de Huachipato.
Ya entrado el 2025, el foco empezó a desplazarse hacia aceleración de inversiones, desarrollo logístico y fortalecimiento productivo, abriendo una discusión cada vez más política respecto a cómo evaluar realmente sus resultados. Mientras sectores ligados al plan destacan la institucionalidad construida, desde el Gobierno Regional persistía una mirada mucho más crítica respecto a su impacto concreto.
Para el gobernador Sergio Giacaman, la reformulación del instrumento responde precisamente a ese diagnóstico. “Las modificaciones me parecen de toda lógica, considerando que, de acuerdo a las cifras, fue un fracaso. Somos la tercera región con el peor rendimiento económico, medido mediante el PIB regional, y la primera en tasa de desempleo. Las cifras no mienten”, afirmó.
Pese a la dureza de sus críticas, Giacaman evitó desmarcarse completamente de la experiencia impulsada durante los últimos dos años. “Lo que sí rescatamos es la institucionalidad y la línea directa con el Ministerio de Economía”, sostuvo, dando a entender que desde el Gore no buscan desmantelar el PFI, sino reutilizar parte de su estructura dentro de una estrategia de mayor alcance: Biobío 2050.
Según explicó, la iniciativa apunta a convertirse en el instrumento de implementación de la Estrategia Regional de Desarrollo —vigente hasta 2030—, pero con una proyección económico-territorial de largo plazo.
Imagen de contexto: vista aérea de Concepción | Foto: Carolina Echagüe M.
Visión del sector productivo
Mientras comienza a instalarse la idea de transición, dentro del mundo sindical y productivo siguen existiendo dudas respecto a cómo convivirán las distintas estructuras que por el momento operan en paralelo.
Esa preocupación fue planteada por Iván Montes, presidente de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria del Biobío. Tras reunirse recientemente con equipos de la cartera de Economía, el dirigente admitió que la salida de la —hasta hace poco— secretaria ejecutiva del PFI, Carolina Parada, generó inquietud.
Montes valoró el trabajo desarrollado por Parada, y mantiene dudas respecto a la capacidad operativa bajo el liderazgo de Cifuentes. “Pensábamos que iba a haber una persona de dedicación exclusiva. Entonces, no tenemos claro cuál va a ser el tiempo que el seremi le va a dar dentro de sus funciones”, comentó.
“Todas las redes que se generaron a partir del trabajo de Carolina Parada habría que partirlas de cero y eso nos complica”, expresó el dirigente, manifestando que uno de los principales temores apunta a la continuidad de las coordinaciones levantadas durante los últimos dos años.
Pese a ello, Montes reconoció que el hecho de que el Gobierno decidiera mantener el PFI representa una señal importante para los actores ligados a la industria: “Nos reconforta un poco que haya un reconocimiento al plan per se, porque eventualmente podría haber tenido un fin, pero continuó”.
Respecto a las críticas contra el balance general del instrumento, planteó que este debe analizarse en dos etapas distintas. A su juicio, la primera fase —centrada en la contención tras el cierre de Huachipato— sí logró sus objetivos.
“Ahora vendría una segunda etapa donde debiéramos asistir a la aceleración de la gestión de los proyectos y posteriormente estos mismos generarían el empleo que nosotros estamos esperando”, detalló Montes, alineándose parcialmente con el énfasis que hoy se intenta instalar.
Finalizando, el representante gremial insistió en que el principal desafío pasa ahora por coordinar las distintas iniciativas económicas que actualmente conviven en el Biobío: “No habría que dispersar fuerzas por un mismo objetivo”.
Continuidad
Todo esto ocurre en medio de un momento especialmente sensible para el futuro del PFI. La salida de Carolina Parada terminó funcionando como un punto de inflexión político y administrativo, reabriendo dudas sobre cómo se conducirá esta nueva etapa.
Desde el Ejecutivo, eso sí, buscaron suprimir cualquier lectura de quiebre. “No es que llegó este Gobierno y echó a Carolina Parada”, afirmó Cifuentes desdramatizando el hecho, y afirmando que existió un proceso “súper ordenado” de traspaso entre ambas administraciones.
Pero el debate sobre cómo terminarían articulándose el PFI y Biobío 2050 —estrategia impulsada desde Desarrolla Biobío— ya se venía incubando desde hace meses. A fines de 2025, luego de que distintas interpretaciones vincularon la glosa presupuestaria aprobada ese año —por cerca de $150 millones— con un eventual traspaso del plan hacia la estructura regional, la propia corporación salió a aclarar que no le correspondía liderar la continuidad formal del instrumento.
Sin embargo, las nuevas señales entregadas por el Ejecutivo volvieron a cruzar ambas iniciativas dentro de la discusión regional.
Por ahora, la continuidad formal del PFI más allá de 2026 sigue abierta. “Tenemos que definir si le vamos a poner recursos en la Ley de Presupuestos 2027”, finalizó el seremi.