La discusión legislativa comenzó en paralelo a un nuevo caso de violencia escolar registrado en Talcahuano, donde una riña dejó 17 estudiantes detenidos y cinco profesores lesionados.
Un nuevo hecho de violencia se registró en un establecimiento educacional del Biobío y, en paralelo, la Cámara de Diputadas y Diputados inició el debate de un proyecto de ley que agrava las sanciones penales en casos de violencia escolar. En la instancia, más de 40 parlamentarios expusieron sus argumentos.
El incidente ocurrió en el liceo La Asunción de Talcahuano, donde una riña masiva terminó con al menos 17 estudiantes detenidos y cinco profesores lesionados. En ese contexto, las autoridades ya iniciaron acciones legales y la Superintendencia de Educación realizará una denuncia formal este próximo miércoles.
En paralelo, durante este martes comenzó la discusión del proyecto de ley que considera como agravante de responsabilidad penal la comisión de delitos en contra de personas que integran la comunidad educativa (boletines refundidos 18155 y 18161).
Asimismo, se informó que el debate y posterior votación quedaron programados para la sesión de este miércoles 13 de mayo.
En términos generales, el texto en trámite establece que se aplicará como agravante cometer delitos contra integrantes de la comunidad educativa, en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, al interior o en las inmediaciones de establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel.
Asimismo, “se contempla aumentar en un grado la sanción asignada a los delitos de amenazas, maltrato de obra o agresiones físicas, en contra de profesionales o funcionarios de la educación, si estas las realizan los padres, apoderados, tutores o quienes tengan el cuidado personal de los estudiantes”, indica la Cámara.
Entre las posturas favorables al proyecto, se destacó la necesidad de resguardar espacios seguros para el aprendizaje y evitar la normalización de la violencia en los establecimientos educacionales.
Por el contrario, las posiciones críticas cuestionaron el énfasis en el aumento de medidas punitivas frente a un fenómeno complejo. En ese sentido, algunos parlamentarios sostuvieron que la problemática no se resuelve únicamente a través del derecho penal e insistieron en que la respuesta debe enfocarse en la prevención y en políticas de salud mental.