Sector agrícola, comercio, pymes y trabajadores se refirieron a la medida del Ejecutivo, haciendo énfasis en que se debe evaluar cada situación.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció a las empresas un reforzamiento de la fiscalización de trabajadores migrantes que se encuentren en situación irregular; es decir, que no cuenten con la autorización legal correspondiente.
Para quienes incumplan con la normativa vigente, el director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) advirtió que se cursarán las multas y sanciones que correspondan.
Así, Sauerbaum explicó que solicitará a la Superintendencia de Pensiones los listados de las personas que se encuentran cotizando actualmente en el país con un número distinto del rut y que se entregan normalmente a las AFPs para efectos de la cotización. Sin embargo, precisó que este documento no otorga el permiso para trabajar, lo cual requiere de una visa de trabajo.
En la Región, el delegado presidencial regional (s), Daniel Pacheco -Seremi de Gobierno-, entregó detalles de cómo se llevarán a cabo las fiscalizaciones en la zona. “Durante estos procedimientos, al ser detectadas personas extranjeras realizando actividades remuneradas sin los permisos correspondientes, la PDI procede de inmediato a denunciar el hecho. Posteriormente, el SERMIG cursa las multas respectivas, las cuales se aplican tanto al trabajador que no cuenta con la autorización legal como a su empleador”, precisó.
Lo anterior se fundamenta, según Pacheco, en que “para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, el ordenamiento, el control estricto de las fronteras y el cumplimiento férreo de la legislación migratoria constituyen un pilar fundamental de la gestión de esta administración. En este marco, en aras de la soberanía nacional, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) actúa como garante de dicho marco legal, coordinando de manera permanente y rigurosa junto a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, diversos operativos de fiscalización en terreno, además de prestar toda la orientación técnica necesaria”.
Gremios
José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, Socabio, señaló que “efectivamente, el Estado debe fiscalizar cuando hay situaciones que no son correctas, pero con la fiscalización de empresas que pueden, eventualmente, tener trabajadores migrantes, hay que tener un poco más de cuidado. Aquí hay una situación bien compleja de estas personas que están trabajando donde probablemente la mayor responsabilidad la tenga el mismo Estado que no ha logrado con sus políticas regular adecuadamente la entrada de personas al país”.
Para líder gremial del sector agrícola regional dijo que es una situación que hay que ver con equilibrio y sentido común, “tratar de seleccionar adecuadamente quiénes son las personas que vienen a trabajar y quieren hacer las cosas bien, porque llegan de otros países principalmente por necesidades, de quienes lo hacen de manera ilegal y que incluso se encuentran delinquiendo”.
El presidente de Socabio añadió que “la capacidad instalada que ha tenido el país no ha sido suficiente para que esto se pueda adecuar a la gente que está hoy día siendo requerida por las empresas y que obedece fundamentalmente a que no hay fuerza laboral suficiente para algunas labores con mano de obra chilena, donde ahí, claramente, se está optando por un mecanismo que permite la ley que es fiscalizar y controlar, pero, insisto, al mismo tiempo, hay que buscar los equilibrios para tener la capacidad, también, de entender qué está ocurriendo con esos migrantes que colaboran también con el desarrollo del país”.
Cabe señalar que para la temporada estival en el sector agrícola regional se contratan tradicionalmente alrededor de 2 mil personas cuyas visas son gestionadas previamente de forma de asegurar que sus labores sean desarrolladas con apego a la normativa vigente, lo que ha sido tradicionalmente fiscalizado por la Dirección del Trabajo en la zona.
Comercio
Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción A.G. expresó que se encuentran contentos con la medida de reforzamiento de la fiscalización. “Es algo que hemos pedido hace mucho tiempo. Entendemos que el migrante necesita trabajar, pero debe hacerlo de forma regulada y se debe controlar a quienes trabajan ilegal o informalmente”.
La presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción A.G. agregó que los ingresos masivos que ha habido a través de los pasos fronterizos no habilitados “ha sido muy complejo donde ni siquiera sabemos cuántos migrantes efectivamente hay en el país, por lo que el Gobierno debe hacerse cargo y no estamos de acuerdo con un eventual mecanismo de perdonazos”.
La dirigenta gremial del comercio apuntó además a que es importante que se fiscalice también la procedencia de ciertos capitales que ingresan al país de la mano de migrantes. “Hemos visto que hay migrantes que se instalan con grandes locales, pero no sabemos de la legalidad del origen de esos capitales”.
Por su parte, para el presidente de la Asociación de Empresas de Biobío, Asem, Humberto Miguel Cerda, “las empresas debemos cumplir nuestra normativa legal y no debemos contratar inmigrantes que se encuentren en forma irregular en nuestro país. Sí, es nuestro ánimo, poder ayudar a que estas personas se regularicen entregándoles un contrato y condiciones dignas para ellos”.
Trabajadores
Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria regional, que agrupa a más de 30 sindicatos de la zona, manifestó que “hay que aclarar cómo se realizará este control ya que, si los trabajadores extranjeros tienen cotizaciones previsionales al día, por más de un año y, además, tienen este rut provisorio que otorgan las AFPs para que puedan tener acceso, entre otras cosas, a la seguridad social y si cuentan con contrato de trabajo, esto los habilitaría para poder continuar trabajando y permanecer en el país”.
Para el líder sindical se trata de una medida de ordenamiento importante, “pero debe tener estas dos aristas bien claras. Por un lado, consagrar el derecho a un trabajo decente que el Estado de Chile ha suscrito a través de los acuerdos internacionales de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y, por otro lado, velar que se cumplan los requisitos de contar con un contrato de trabajo vigente y las cotizaciones previsionales en la AFP respectiva”.
En tanto, Mikel Capetillo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, provincial Concepción, efectuó observaciones a la medida. “Creemos que la política de migración que se está aplicando no es la más adecuada porque comenzarán a fiscalizar a quienes tienen contrato a través del cruce con la información de la AFP. Así, empujarán u obligarán en alguna medida a que migrantes que tienen un contrato regular vayan hacia la informalidad, es decir, a seguir trabajando, pero sin contrato ni seguridad social”, dijo.
Por otro lado, siguió el presidente de la CUT provincial Concepción, “con esto, hacen que, en hospitales y consultorios, el personal de salud se vea presionado a denunciar a las personas que acudan a estos lugares que tienen una condición irregular. Esto en un periodo en que tradicionalmente suben los contagios y enfermedades de invierno. Entonces, por temor a ser denunciados, evitarán acudir a los centros de salud aumentando el riesgo de los contagios. Creemos que el Gobierno debería dar una visa temporal por trabajo mientras el migrante pueda regularizar su situación”, concluyó.