Especialistas cuestionan que la iniciativa podría generar tensiones en materia de igualdad ante la ley, protección de datos, reinserción social y proporcionalidad.
La creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades se convirtió en uno de los anuncios más comentados de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. La iniciativa, posteriormente firmada en Cerro Castillo, busca crear una nómina pública de personas condenadas o sancionadas por conductas vinculadas al deterioro de espacios públicos, la convivencia urbana y el orden comunitario.
Aunque el proyecto aún no ingresa formalmente al Congreso, el Gobierno ya adelantó algunos de sus principales lineamientos. Según han explicado el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el biministro Claudio Alvarado, el registro sería administrado por el Registro Civil e incorporaría a personas condenadas o sancionadas por determinadas conductas.
Estas incluyen delitos como daños a monumentos nacionales, ocupaciones ilegales, maltrato a la autoridad o microtráfico, además de infracciones catalogadas como “incivilidades”, entre ellas rayados, daños al mobiliario urbano, evasión del transporte público o ruidos molestos.
La principal novedad radica en las consecuencias asociadas a esas conductas. Una vez que exista una sentencia o sanción firme, la persona podría ser incorporada al registro por períodos que irían desde un año para una primera infracción hasta cinco años en casos de reincidencia.
Durante ese tiempo podría enfrentar restricciones para acceder o mantener beneficios como la gratuidad en la educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU), subsidios de arriendo, becas de postgrado, pases culturales o la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
La propuesta también contempla eventuales limitaciones para obtener o renovar licencias de conducir y pasaportes, inscribir vehículos o propiedades, además de la posible retención de devoluciones de impuestos para responder por daños ocasionados. Según ha señalado el propio Gobierno, el objetivo es generar un efecto disuasivo y un “castigo social” frente a conductas que afectan la convivencia ciudadana.
Las interrogantes jurídicas
En contacto con Diario Concepción, Andrés Cruz, abogado penalista, doctor en Derecho y académico de la Universidad de Concepción (UdeC), advirtió que el proyecto abre interrogantes ligadas a principios jurídicos fundamentales.
“Hay un cariz discriminatorio que podría atentar contra el principio de igualdad ante la ley”, sostuvo, argumentando que varias de las consecuencias anunciadas por el Ejecutivo recaen sobre beneficios sociales utilizados principalmente por sectores de menores ingresos.
Según Cruz, la pérdida como la gratuidad, subsidios habitacionales o la PGU podría tener efectos muy distintos dependiendo de la situación económica de cada persona.
El académico también advirtió posibles tensiones respecto de otros derechos fundamentales, entre ellos la honra, la protección de datos personales y la publicidad que tendría el registro. Asimismo, señaló que uno de los elementos que deberá aclararse durante la discusión legislativa será el momento en que una persona podría ser incorporada al registro, advirtiendo que la respuesta podría tener implicancias sobre garantías como la presunción de inocencia.
Una inquietud similar fue planteada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien sostuvo que una eventual regulación de este tipo deberá considerar especialmente las normas sobre protección de datos personales y sugirió que, de existir un registro de estas características, también podría discutirse la inclusión de autores de delitos económicos.
Más allá del derecho
Pero las observaciones de Cruz no se limitan al ámbito jurídico. Desde su formación en política criminal y su experiencia como exfiscal del Ministerio Público, advirtió que la iniciativa abre una discusión sobre la efectividad real de las herramientas que utiliza el Estado para prevenir conductas ilícitas y reducir su ocurrencia.
En ese contexto, calificó la propuesta como una manifestación de “populismo penal”, pues “no aparece ninguna posibilidad de que las repercusiones que podría tener la incorporación en este registro pudiese determinar una disminución de la comisión de hechos punibles”.
El especialista agregó que toda política pública que implique restricciones de derechos debe ser evaluable y demostrar resultados medibles. “Aquí no se trata de ser benevolente, ni “buenista”, se trata de estudiar la posible aplicación de otro tipo de medidas que pueden ser mucho más efectivas”, explicó.
Una mirada similar planteó el doctor en Ciencias Humanas e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (Ceder) de la Universidad de Los Lagos, Mario Sandoval, quien sostuvo que existe el riesgo de que este tipo de iniciativas terminen respondiendo más a una lógica de impacto comunicacional que a herramientas capaces de abordar las causas profundas de la violencia o mejorar la persecución del delito.
El “castigo social” y la reinserción
Otro de los aspectos que genera cuestionamientos es la naturaleza pública que tendría el registro. Según las explicaciones entregadas por el Ejecutivo, cualquier persona podría consultar la nómina, siguiendo una lógica similar a la aplicada actualmente en registros como el de deudores de pensiones alimenticias.
Para Cruz, la discusión adquiere especial relevancia considerando que uno de los objetivos declarados por el propio Gobierno es generar un efecto disuasivo mediante la exposición pública de quienes sean incorporados al sistema.
“Esto constituye un retroceso si lo que queremos es realmente resocializar seres humanos e impedir que los mismos se vean expuestos a continuar con la comisión de delitos”, planteó.
En una línea similar, la doctora en Psicología Social de la Universidad de Chile, Isabel Piper, sostuvo —en una reciente columna de opinión— que prestaciones como la educación, la seguridad social o la vivienda constituyen derechos y no recompensas sujetas al comportamiento individual de las personas.
Las “incivilidades”
La discusión también se ha trasladado hacia los criterios utilizados para determinar qué conductas quedarán sujetas a este régimen especial. Cruz advirtió que esto involucra una dimensión subjetiva respecto de qué comportamientos merecen un reproche especial por parte del Estado. “Hay que tener mucho cuidado con confundir la persecución penal con la moralidad”, advirtió.
La misma discusión ha comenzado a extenderse al plano legislativo. El diputado Daniel Manouchehri, por ejemplo, cuestionó que ilícitos económicos, casos de corrupción o delitos de cuello y corbata queden fuera de un sistema que sí contempla consecuencias adicionales para conductas vinculadas a la convivencia urbana, planteando incluso la creación de un registro específico para ese tipo de infractores.