Mientras el MOP defiende que las nuevas indicaciones buscan frenar el deterioro de las rutas por sobrepeso, los sectores forestal, portuario y del transporte alertan sobre mayores costos operativos.
El Gobierno reactivó un proyecto de ley —ingresado al Congreso Nacional en 2012 y actualmente en segundo trámite legislativo— que busca modificar la normativa vigente sobre el pesaje de camiones. Lo que realizó el Ejecutivo fue introducir nuevas indicaciones orientadas, principalmente, a prevenir el deterioro de las rutas causado por vehículos pesados que infringen la ley.
El seremi de Obras Públicas en el Biobío, José Piña, explicó que la iniciativa busca complementar un sistema que ya opera en la práctica. Muchas empresas de transporte cuentan con mecanismos de pesaje propios e incluso algunos terminales portuarios se rigen por este sistema de forma voluntaria. “Lo que el MOP está realizando es abarcar de manera más plena el transporte de generación y transferencia de carga de alto tonelaje“, señaló la autoridad.
Según Piña, la iniciativa apunta directamente a mejorar el control en la red vial nacional. “El sobrepeso no solo daña los caminos, también genera competencia desleal y se asocia a prácticas que escapan a la normativa. Al controlar el peso y las dimensiones, se protege a los camioneros que cumplen las reglas y se frena a quienes operan al margen de la ley”, agregó.
La postura de los transportistas
Freddy Martínez, presidente de la Confederación de Camioneros Centro Sur de Chile, aportó cifras sobre el escenario actual y manifestó los reparos de su gremio. En primer lugar, detalló que la ley vigente ya exige romanas en sus instalaciones a las plantas que producen más de 60.000 toneladas al año para controlar el peso por eje y la carga total combinada (camión más carga).
Martínez explicó que existen distintas configuraciones en las 20 especialidades de ejes con el fin de distribuir el peso y ejercer menor presión sobre el pavimento. Sin embargo, advirtió un problema en el trayecto y en los controles viales de las romanas fiscales administradas por Vialidad.
“La carga internacional del Cono Sur que cruza la cordillera de los Andes tiene una carga de 25 toneladas y el camión pesa cerca de 15; es decir, hablamos de 40.000 kilos. En Chile tenemos un tope de 45.000 kilos, mientras que en Argentina el límite es de 53.000 kilos. Lo primero que hemos gestionado a nivel de embajadas y gremios internacionales es estandarizar la carga“, afirmó.
El dirigente también apuntó al elevado valor de las multas y al comportamiento del mercado: “No estamos a favor de destruir las carreteras, pero ¿por qué los camiones exceden la carga? Porque la configuración de pago de los grandes generadores de cargas, ya sea por metro cúbico o por tonelada, empuja a la gente a sobrecargar. Hay que estandarizar esos valores”.
Un tercer punto crítico para el gremio es el estado de las romanas fiscales, a las que calificó de “obsoletas y fuera de norma”, a diferencia de los modernos sistemas de las plantas privadas. “Planteamos al MOP que debe haber seriedad. Si las concesionarias asumieron el pesaje, las romanas serían nuevas, pero las mantiene Vialidad porque el Estado es quien cobra”, insistió Martínez, quien además propuso un sistema mixto de fiscalización en un radio de 30 a 50 kilómetros respecto a plantas certificadas para contrastar las habituales diferencias de pesaje.
Finalmente, alertó sobre las dificultades para estibar (acomodar la carga) cuando se detectan excedentes menores —lo que a su juicio requiere servicios de grúa en el lugar— y recordó que el gremio ya ganó un juicio en el Biobío debido a las contradicciones de medición entre las propias romanas fiscales.
Foto: Carolina Echagüe
Alerta en los sectores forestal, portuario y exportador
Gonzalo Pelén, presidente del Departamento de Logística de la Corporación Nacional de la Madera (Corma), sostuvo que el sector forestal comparte la necesidad de resguardar la infraestructura vial, pero rechazó el diseño del proyecto. “Esta iniciativa no aporta a la logística ni a la eficiencia; por el contrario, traspasa a privados funciones del Estado, generando nuevos costos y responsabilidades operativas y legales que hoy no nos competen. Deja abiertas múltiples interrogantes sobre su implementación y fiscalización”, advirtió.
En la misma línea, Pablo Passeron, presidente de la Comunidad Logística (Comlog) de Talcahuano, señaló que la normativa obligará a los operadores portuarios a asumir costos ajenos. “De materializarse, se encarecerá toda la red de comercio exterior, afectando la competitividad del país. Además, podría generar congestión extra en los accesos a los terminales marítimos, impactando la calidad de vida en las ciudades portuarias”, argumentó.
Cabe recordar que Comlog fue fundada el 20 de octubre de 2016. La comunidad cuenta con la participación de 31 empresas de la cadena productiva ligada a la actividad logística, marítima y portuaria. Además, se complementa con las acciones impulsadas por la Mesa Comex Biobío, donde gran parte de los integrantes de la Comlog también participan.
Desde la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma) Biobío, su gerente general, Alfredo Meneses, reafirmó que las empresas, puertos y bodegas que movilizan más de 60.000 toneladas anuales deberán invertir obligatoriamente en sistemas certificados y asumir su manutención.
Meneses alertó que la detención obligatoria provocará “cuellos de botella”, aumentando los tiempos de espera entre 15 y 30 minutos por camión. “Esto es volver atrás. Todo se resume en más costos, más tiempo y un desincentivo a la integración logística con los países vecinos. No es una buena medida, especialmente para la Región del Biobío, que hoy vive una profunda crisis en su comercio exterior”, concluyó.
Desde el MOP añadieron que, ante la preocupación por los costos para el sector privado, se presentaron indicaciones para mitigar el impacto, como permitir que dos o más empresas presenten un plan de cumplimiento conjunto ante la Dirección de Vialidad, además de otorgar flexibilidad tecnológica.
“Lo que busca esta ley es que cada empresa pueda adoptar la solución más adecuada a su realidad operativa”, acotó Piña, asegurando que el Gobierno mantiene total disposición para incorporar propuestas que mejoren la implementación sin descuidar el objetivo central.
Foto: Carolina Echagüe