Quienes viajan desde Penco, Lirquén o Tomé hacia Cabrero, Los Ángeles u otros sectores del interior del Biobío suelen tener que atravesar parte del área urbana de Concepción para completar sus recorridos. Pero esa realidad podría cambiar en los próximos años con la eventual construcción de una nueva conexión entre las rutas 152 (Itata) y 146, proyecto que dio un paso clave al ingresar al SEIA mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
La iniciativa, impulsada por la Sociedad Concesionaria Bosques del Itata S.A., considera una inversión cercana a los US$ 130 millones y contempla la construcción de un nuevo eje vial de casi 6,9 kilómetros entre el Acceso Norte a Concepción (Ruta 152) y la Ruta 146, que une Cabrero con la capital regional.
El objetivo es generar un bypass del núcleo urbano de la zona, mejorando la conectividad, los tiempos de viaje, la seguridad vial y la articulación logística penquista.
Más allá de sumar una nueva carretera, la obra apunta a completar una conexión estratégica dentro de la red vial regional. El propio titular del proyecto destaca, además, que la iniciativa adquiere especial relevancia considerando la recurrencia de incendios forestales y otras emergencias que han afectado a la Región del Biobío en los últimos años.
Bajo ese escenario, la nueva vía es presentada como infraestructura crítica para mantener la conectividad entre distintos sectores del territorio, especialmente con terminales portuarios y servicios considerados esenciales.
Consultado por Diario Concepción respecto al alcance de este proyecto, el alcalde de la comuna de Penco, Rodrigo Vera, señaló que “toda iniciativa que permita mejorar la conectividad, descongestionar las rutas existentes y fortalecer la competitividad del Biobío debe ser analizada con seriedad”.
En esa línea, añadió que “Penco tiene una ubicación estratégica dentro de la red vial, productiva y portuaria de la región, por lo que una nueva conexión puede ser una oportunidad para potenciar nuestros puertos, atraer inversión, fortalecer las alianzas público-privadas, dinamizar la actividad industrial y turística y generar nuevos empleos”.
“Pero también debemos ser claros: cualquier proyecto de esta magnitud debe respetar estrictamente la normativa vigente, los instrumentos de planificación y las evaluaciones técnicas y sectoriales correspondientes. Como municipio estamos disponibles para participar de esta discusión y aportar desde la perspectiva de Penco, buscando que el desarrollo de la infraestructura se traduzca en beneficios concretos para nuestros vecinos y para toda la región”, concluyó.
Las principales obras
El proyecto contempla una doble calzada con dos pistas, además de una serie de obras complementarias destinadas a integrar la nueva infraestructura con la red existente.
Entre ellas se consideran nuevos enlaces viales, un puente sobre el río Andalién, un paso que permitirá mantener la conectividad del sector Las Margaritas, calles de servicio para mejorar los accesos locales y un sistema de cobro electrónico tipo free flow, lo que evitará la instalación de plazas de peaje tradicionales.
A ello se suman iluminación, sistemas de vigilancia, señalización, drenajes y otras obras de seguridad vial propias de una carretera concesionada.
Durante la etapa de construcción se proyecta la contratación de cientos de trabajadores, mientras que la operación requerirá una dotación significativamente menor para labores de mantención y administración de la infraestructura. El proyecto tiene una vida útil indefinida, como ocurre con este tipo de obras concesionadas.
¿Por qué un Estudio de Impacto Ambiental?
Aunque se trata de una carretera de menos de siete kilómetros, el proyecto deberá someterse al mecanismo de evaluación ambiental más exigente que contempla la legislación chilena.
Ello responde a que el expediente identifica impactos que requieren un análisis detallado, como la intervención de sectores con vegetación nativa y matorrales, la alteración de hábitats utilizados por fauna silvestre y la necesidad de evitar que la nueva infraestructura genere una mayor fragmentación de corredores biológicos.
En materia de biodiversidad, la línea de base se construyó a partir de campañas de terreno que permitieron registrar especies como el pudú, el zorro culpeo y el coipo, además de diversas lagartijas del género Liolaemus, anfibios nativos y aves asociadas tanto a bosques como a cursos de agua.
El estudio también identifica especies que se encuentran bajo categorías de conservación y potenciales cruces de fauna que deberán resguardarse, al tiempo que evalúa cómo el cambio climático podría modificar la distribución de algunas de ellas en el futuro.
Junto con ello, el EIA incorpora un diagnóstico paisajístico que concluye que los sectores de mayor sensibilidad visual corresponden al entorno del río Andalién y al área de expansión urbana de Juan Riquelme.
Dicho análisis considera la visibilidad de las futuras obras desde distintos puntos de observación, incluyendo un mirador informal y el sendero recreativo junto al río, por lo que plantea evaluar medidas que permitan reducir el efecto visual de la nueva infraestructura sobre estos espacios.
Reasentamiento acotado
Uno de los aspectos abordados por el EIA corresponde al Plan de Reasentamiento, elaborado para las personas que podrían verse directamente afectadas por las expropiaciones necesarias para materializar el proyecto.
Según el documento, se identificaron dos predios susceptibles de expropiación en el sector Juan Riquelme, donde existen viviendas y actividades productivas de carácter mixto.
En total, el plan considera el eventual reasentamiento de tres unidades residenciales que involucran a seis personas, además de medidas orientadas al restablecimiento de las actividades económicas que actualmente se desarrollan en esos terrenos.
Al respecto, el expediente explica que las viviendas presentan distintas modalidades de ocupación (propietarios, arrendatarios y ocupantes), por lo que el plan incorpora medidas diferenciadas de gestión habitacional, acompañamiento social y apoyo para las actividades productivas, además del procedimiento expropiatorio establecido por la normativa vigente.