La Asociación de Funcionarios Regionales del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (ANFUR Biobío) inició una movilización para exigir el traslado de dos jóvenes involucrados en reiterados hechos de violencia, luego de que un funcionario fuera agredido con un arma cortopunzante.
Una movilización iniciaron los funcionarios del Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado de Coronel, administrado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, luego de que un trabajador fuera agredido con un arma cortopunzante durante el pasado domingo.
El presidente de la Asociación de Funcionarios Regionales del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (ANFUR Biobío), Alejandro Saavedra, explicó que el hecho ocurre tras una serie de episodios de violencia registrados en el recinto.
“El domingo pasado fue agredido un funcionario con un arma cortopunzante. Situación que viene ya a rebalsar el vaso, diría yo, había continuas agresiones a funcionarios. Previamente, otros funcionarios habían sido agredidos con orinas, habían tirado orinas a los funcionarios, amenazados, agredidos constantemente”, afirmó Saavedra.
El dirigente indicó que la principal demanda es el traslado de dos jóvenes involucrados en las agresiones hacia otros recintos del país.
Asimismo, señaló que buscan que las agresiones tengan consecuencias concretas. “Tiene que haber señales por parte del Servicio de que las agresiones no pueden quedar impunes. Generalmente quedan impunes”, manifestó.
Saavedra también planteó la necesidad de fortalecer la protección legal de los funcionarios. “Estamos como asociación pidiendo también dentro de la nueva normativa, la nueva ley que se está viendo en el Congreso, que se incluyan cambios justamente que permitan la protección del funcionario”, indicó.
Denuncian problemas de infraestructura
El presidente de ANFUR Biobío aseguró que el recinto presenta problemas de infraestructura y capacidad, considerando además que recibe jóvenes provenientes de las regiones del Biobío y Ñuble.
“Hoy día el centro ya no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para los jóvenes”, afirmó.
Respecto de las medidas inmediatas, insistió en que el traslado de los dos jóvenes es prioritario. “Hay que dar una señal a los usuarios, a los jóvenes. Porque si hoy día fue esto, y mañana cuando apuñalen a uno en el corazón y lo asesinen, ¿qué va a pasar?”, cuestionó.
Acercamientos desde el Servicio
El dirigente indicó además, que las autoridades del Servicio han sostenido conversaciones con los funcionarios y que actualmente se trabaja en la solicitud judicial necesaria para concretar el traslado de los involucrados. Se habría realizado una visita este pasado lunes al recinto, pero según indica Saavedra, la decisión tendría que venir desde Tribunales, “quienes manejan sus tiempos y formas”, afirmó.
ANEF Biobío respalda movilización
La vicepresidenta de la ANEF Biobío, Paulina Ortiz, expresó el respaldo de la organización a los trabajadores afectados.
“Desde nuestra organización, la ANEF Biobío, manifestamos nuestro máximo apoyo a las y los funcionarios que están viviendo estas situaciones de violencia durante el desarrollo de las funciones propias del ejercicio de sus funciones”, señaló.
Asimismo, agregó que “insistimos en el llamado a las autoridades a tomar las medidas necesarias para dar solución tras las reiteradas situaciones de violencia y que, de una vez por todas, se resguarde la seguridad de las y los funcionarios”.
Finalmente, sostuvo que “no podemos permitir que la violencia se normalice ni que las respuestas sean parciales, necesitamos soluciones definitivas”.
Respuesta del Servicio
Frente a los hechos, la directora regional subrogante del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Tatiana Pedrero, aseguró que ya se adoptaron medidas para enfrentar la situación.
“Frente a los hechos ocurridos en nuestro centro coronel, actuamos con firmeza. No vamos a tolerar hechos que pongan en riesgo la integridad de los funcionarios y la seguridad de los jóvenes que atendemos ni el normal funcionamiento de este centro”, indicó.
La autoridad agregó que “implementamos medidas concretas para fortalecer la seguridad, en coordinación con los equipos del centro, la dirección regional y la dirección nacional”.
Finalmente, afirmó que “estas son transformaciones que requieren tiempo para consolidarse, pero que no dan espacio a la ambigüedad, porque aplicaremos todas las acciones que la normativa y la ley nos permiten para abordar este tipo de situaciones. Nuestro compromiso es garantizar condiciones seguras tanto para quienes trabajan en el centro, como para los jóvenes que se encuentran en el proceso de reinserción, resguardando la continuidad del servicio que este centro debe cumplir”.