Diputados presentaron una iniciativa que busca suspender durante cinco años la Ley Karin y retornar temporalmente a las normas laborales anteriores, mientras el Gobierno prepara modificaciones a su reglamento.
Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca suspender durante cinco años la aplicación de la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, en medio de las críticas que algunos parlamentarios han planteado respecto de su implementación.
La iniciativa fue ingresada por los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), junto a un parlamentario del Partido Republicano y un independiente de la bancada de Renovación Nacional.
En detalle se trata de Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea (del Biobío) y Álvaro Jofré; el republicano Diego Vergara y el independiente Daniel Valenzuela, de la bancada de Renovación Nacional.
La propuesta plantea que, durante el período de suspensión, vuelvan a regir las normas laborales que estaban vigentes antes de la entrada en aplicación de la Ley Karin, normativa que regula la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.
El proyecto establece, además, que los derechos adquiridos durante la vigencia de la legislación se mantengan y que las denuncias e investigaciones que ya se encuentren en curso continúen bajo las actuales reglas hasta su término.
Proyecto apunta al diseño de la normativa
El diputado Erich Grohs (PNL), uno de los impulsores de la iniciativa, sostuvo que las dificultades no se limitarían a problemas de implementación, sino que también estarían vinculadas al diseño de la legislación.
Entre los aspectos cuestionados por el parlamentario se encuentra la eliminación del requisito de reiteración para configurar el acoso y la carga administrativa que, según plantea, recae sobre los organismos encargados de tramitar las denuncias.
“La Ley Karin nació para enfrentar un problema real y necesario, pero la evidencia disponible demuestra que hoy el sistema está funcionando con serias dificultades. Cuando una parte importante de las denuncias termina no correspondiendo a materias propias de la ley y las investigaciones se extienden durante meses, tenemos la obligación de revisar si el diseño normativo está cumpliendo efectivamente su objetivo”, afirmó Grohs.
Los impulsores del proyecto sostienen que a diciembre de 2025 se habían acumulado más de 66.000 denuncias asociadas a la Ley Karin. A partir de ese dato, califican la situación como un “colapso institucional y operativo”.
Sin embargo, esa calificación corresponde a la interpretación de los autores de la iniciativa y constituye uno de los principales argumentos utilizados para justificar la suspensión de la normativa.
Suspensión abriría un período de revisión
Según afirman sus impulsores, la propuesta no plantea eliminar de manera permanente la regulación, sino suspenderla por cinco años. De acuerdo con sus autores, ese período permitiría revisar las disposiciones que consideran problemáticas y elaborar una nueva regulación.
“Lo que proponemos no es desproteger a los trabajadores, sino abrir una discusión responsable sobre una legislación que ha generado una carga muy superior a la prevista para las instituciones encargadas de aplicarla”, afirmó Grohs.
En tanto, “necesitamos una normativa que proteja eficazmente a las víctimas, pero que también entregue certezas jurídicas, procedimientos oportunos y resguardos frente a denuncias que no corresponden al espíritu de la ley”, concluyó el parlamentario Grohs.
La iniciativa se presenta mientras el Gobierno impulsa modificaciones al reglamento de la Ley Karin luego de detectar dificultades en su implementación.
El proyecto deberá ahora continuar su tramitación legislativa, instancia en la que se discutirá tanto la pertinencia de suspender la normativa como sus eventuales efectos sobre los mecanismos de prevención, denuncia e investigación del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.