Con una intensa ronda de reuniones, que partió el 21 de septiembre, entre asociaciones de municipios y la Subsecretaría de Prevención del Delito, se están desarrollando los acuerdos tendientes a generar el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal Nº 21.802, en medio de gran expectación por parte de las administraciones comunales.
En la Región del Biobío hay posturas disímiles respecto de la información a la que han accedido sobre estos procesos. Sin embargo, en común se manifiesta la necesidad de contar pronto con un reglamento claro para poder ejecutar la ley con asertividad.
Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, mencionó que, para garantizar que el trabajo de la mesa técnica, que está sesionando de forma intensiva los días lunes y jueves, llegue a las 345 municipalidades, están canalizando la información por tres medios.
En primera instancia, los representantes de la Asociación actúan como voceros técnicos. “Al término de cada sesión de trabajo, se deben elaborar minutas ejecutivas con los consensos, disensos y avances normativos alcanzados”, detalló Ríos.
En segundo término, se hará el envío formal de borradores consolidados por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) a los correos institucionales de todos los alcaldes del país.
Y, en tercer lugar, se realizarán talleres técnicos con las Direcciones de Seguridad Pública, en los que se informe y se resuelvan preguntas de los equipos operativos de las comunas.
Cabe mencionar que la Subsecretaría comprometió la entrega de un oficio a todos los municipios con la propuesta reglamentaria para recoger observaciones.
San Pedro de la Paz
Respecto de este proceso, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, manifestó que “es positivo que finalmente se haya abierto esta mesa y que los municipios estén participando. Pero también necesitamos celeridad. La ley ya está vigente y los municipios necesitamos contar cuanto antes con un reglamento claro”.
En cuanto a las determinaciones que debieran ser retiradas definitivamente del nuevo reglamento, Spoerer indicó que “cualquier disposición que vincule incumplimientos administrativos de los municipios con consecuencias sobre el mandato del alcalde”.
En general, el jefe comunal de San Pedro de la Paz está de acuerdo con que la mesa técnica se encuentre trabajando y esté disponible a oír las opiniones de los alcaldes del país. Aunque actualmente lo más importante para Spoerer es tener claridad sobre los plazos que esto va a tomar. “Puesto que la ley ya está vigente y necesitamos el reglamento a la brevedad”, indicó.
Talcahuano
Una opinión distinta es la que manifestó Patricio Fierro, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Talcahuano, ya que estableció que “no hemos sido consultados con la profundidad y con el mérito adecuado para que el funcionamiento de la propia ley sea el más acertado”.
Otra de las críticas que esgrimió Fierro es que una ley que no trae aparejado presupuesto o asignaciones para que los municipios puedan fortalecer sus herramientas en materia de seguridad pública no tiene mayor objeto.
“Nos parece también apropiado que, si lo que se busca es que pueda existir responsabilidad política de los alcaldes por incumplimiento, esta ley tiene que traer aparejado el presupuesto necesario para que las direcciones de seguridad pública podamos funcionar acorde a las exigencias”, definió el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Talcahuano.
Asociación local
El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, puntualizó que ve de forma positiva que el Gobierno se haya abierto al diálogo para recoger la necesidad de revisar el reglamento junto a las asociaciones presentes.
“Esperamos que el trabajo técnico sea vinculante en términos de recoger las observaciones del mundo municipal. La elaboración del documento debe ser pensando en cada una de las realidades municipales”, especificó el presidente de la AMRBB.
Referente a las preocupaciones que tienen respecto de lo que se pudo conocer acerca de la primera versión del reglamento que fue desestimada, es que contenía como requisitos mínimos establecidos el que elementos como uniformes fuesen similares entre funcionarios municipales y Carabineros. Lo que no se ve viable, puesto que “los recursos de las comunas pequeñas son mucho más limitados”, argumentó.
En cuanto a los tiempos, Ricardo Fuentes manifestó cierta inquietud o necesidad de establecerlos. Planteó que “necesitamos establecer plazos razonables para que los alcaldes y alcaldesas puedan revisarlos (versión preliminar del reglamento) con sus equipos jurídico-técnicos y entregar sus observaciones”.
“Si queremos que este reglamento funcione, debe ser a través del diálogo y con la mirada de todos los territorios”, apuntó el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío.