Lo que debes saber
• En la audiencia de reformalización por el megaincendio en el Biobío, la Fiscalía confirmó que las víctimas fatales ascendieron a 21, tras el deceso de una persona que se encontraba internada en el Hospital Las Higueras.
• El fiscal a cargo detalló que la investigación contra el único imputado, Claudio Luna, está prácticamente agotada, teniendo como plazo fijado por el Juzgado el 4 de febrero de 2027 para el cierre de las indagatorias.
• El proceso se encuentra en su fase terminal a la espera de los informes finales de la PDI y Conaf, mientras que en paralelo se indaga una arista desformalizada sobre la eventual responsabilidad de agentes estatales en la emergencia.
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En la audiencia de reformalización del único imputado por el siniestro registrado en la Región del Biobío, la Fiscalía confirmó el deceso de una nueva víctima. La investigación tiene plazo hasta febrero de 2027 y continúan pendientes los reportes de la PDI y Conaf.
En el Juzgado de Garantía de Concepción se desarrolló la audiencia de reformalización de Claudio Luna, el -hasta ahora- único imputado en la investigación del megaincendio forestal registrado en la Región del Biobío, desastre ambiental y humano que afectó severamente a diversos sectores poblados y rurales, entre ellos Penco-Lirquén, Punta de Parra y zonas rurales de la comuna de Concepción.
Si bien en la primera instancia de formalización, realizada en enero de 2026, a días del siniestro, el Ministerio Público le había comunicado formalmente a Claudio Luna cargos por el delito consumado de incendio forestal, además de 20 cuasidelitos de homicidio, 14 cuasidelitos de lesiones graves y menos graves, junto a diversos daños materiales; durante esta nueva audiencia la Fiscalía actualizó los antecedentes e informó oficialmente que la cantidad de víctimas fatales derivadas de la catástrofe subió a 21 personas.
Este incremento en la cifra de fallecidos se debió al deceso de Carlos Bello, quien falleció el 17 de marzo de 2026 en dependencias del Hospital Las Higueras de Talcahuano, a consecuencia de las severas lesiones y quemaduras sufridas en su domicilio ubicado en el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé.
Consultado sobre los detalles de esta audiencia por Diario Concepción, Jorge Lorca, fiscal a cargo de la investigación, se refirió ampliamente al proceso de reformalización del imputado y señaló que “dimos cuenta de algunas precisiones respecto del lugar, del origen exacto del fuego, y sobre la identificación de una de las personas que a la fecha de los hechos no estaba individualizada, y que posteriormente, gracias al trabajo especializado de la policía, se logró dar con su identidad”.
Investigación
Cabe recordar que el Juzgado de Garantía penquista, en agosto de este año, resolvió ampliar por un período de seis meses el plazo para desarrollar la investigación del megaincendio. Con esta resolución judicial, la fecha definitiva para el término de las indagatorias quedó fijada para el 4 de febrero de 2027, acogiendo de manera oportuna la solicitud formulada tanto por la Fiscalía como por los abogados querellantes, quienes argumentaron la estricta necesidad de ejecutar diligencias periciales clave que aún se encuentran pendientes en la causa.
Respecto del avance general de las indagatorias, el persecutor afirmó que las diligencias investigativas ya se encuentran en su fase terminal y que actualmente están a la espera de dos informes claves para esclarecer la dinámica del megaincendio: uno correspondiente a la Policía de Investigaciones (PDI) y otro elaborado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
“Principalmente, son dos grandes informes finales, cuyas conclusiones tenemos que abordar y analizar en conjunto con los equipos de la Policía de Investigaciones y con la Corporación Nacional Forestal”, explicó el fiscal Lorca.
Asimismo, el persecutor ratificó que en paralelo se continúan realizando diversas indagatorias orientadas a establecer la eventual responsabilidad penal o administrativa de agentes estatales en la gestión de la emergencia durante el megaincendio, aunque no especificó qué entidades u organismos públicos se encuentran bajo la lupa, precisando que esa arista en particular aún no ha sido formalizada ante los tribunales.
“Acá el plazo legal está en favor del imputado -febrero de 2027-, y respecto a él, tenemos ya prácticamente agotada la investigación. Lo otro está desformalizado, es decir, no hay una formalización todavía y, por lo tanto, no tenemos ningún plazo acotado a ese respecto”, concluyó el fiscal a cargo de la causa.