A siete años de ocurrido uno de los procesos más importantes de polarización política en Chile, expertos académicos y parlamentarios abordaron las consecuencias de las movilizaciones de 2019 o estallido social.
El académico Lukas Serrano, advirtió, dentro de sus reflexiones sobre el fenómeno, que la Región del Biobío no ha logrado posicionar sus demandas en la agenda nacional, pese a sus problemas de empleo y desarrollo productivo.
“Yo creo que es algo que hay que estudiar, hay que entender, no hay que minimizar una expresión de que simplemente fueron los delincuentes que salieron. Hay una fuerza social ahí interesante”, reflexionó el académico.
Uno de los cuestionamientos desde la Región del Biobío apunta a la falta de transformaciones concretas y a la dificultad para instalar las necesidades locales en las decisiones nacionales. El desempleo, la crisis de la matriz productiva y el centralismo siguen siendo desafíos para la zona, según planteó el académico Lukas Serrano.
El director de la carrera de Administración Pública de la Universidad San Sebastián abordó estas materias en el conversatorio “Centro político: el puente para superar la polarización del país”, organizado por la Fundación Konrad Adenauer, representada en Chile por Olaf Jacob, junto con la diputada Joanna Pérez.
La Región
Para Serrano, el estallido social constituye un hito fundamental para comprender el escenario político actual, pero sus resultados no estuvieron a la altura de las expectativas de cambio que surgieron durante las movilizaciones.
“Yo creo que el estallido social no ha envejecido de la mejor manera”, sostuvo, en referencia a la distancia entre las aspiraciones iniciales y los resultados alcanzados.
En el caso del Biobío, el académico afirmó que el proceso no se tradujo en grandes transformaciones ni permitió posicionar con suficiente fuerza las problemáticas regionales en la agenda nacional.
Entre los asuntos pendientes mencionó el desempleo, las dificultades que enfrenta la actividad económica y la necesidad de repensar la matriz productiva. Advirtió que la región arrastra problemas laborales desde hace varios años, por lo que requiere respuestas que consideren sus particularidades.
Serrano también cuestionó el centralismo en la definición de prioridades de inversión y desarrollo, señalando que las necesidades de Santiago no deberían desplazar las de territorios que enfrentan dificultades económicas y productivas.
A su juicio, los liderazgos políticos surgidos después del estallido tampoco han conseguido instalar las demandas regionales con la fuerza necesaria. Asimismo, puso en duda que la renovación de los referentes políticos haya significado mejores resultados que los de la política tradicional.
Violencia
La senadora Andrea Balladares centró su análisis en los efectos de la violencia sobre la institucionalidad democrática. Afirmó que durante el estallido social hubo un periodo en que esta fue validada como una forma de acción política. “Creo que tuvimos un minuto en que la institucionalidad del país en general estuvo amenazada”, señaló.
La parlamentaria advirtió que algunos actores políticos todavía relativizan los hechos de violencia y llamó a resguardar la democracia. Sin embargo, reconoció que varias de las demandas sociales que motivaron las movilizaciones siguen pendientes.
“Hoy día hay muchos de esos desafíos que siguen presentes, que creo que lo más importante es que en la clase política nos hagamos cargo de esas urgencias sociales y, finalmente, se entregue una solución a las personas”, acotó.
En ese sentido, instó a la clase política a entregar soluciones concretas a las necesidades de la ciudadanía.
El estallido
Por su parte, el exministro y diplomático Genaro Arriagada condenó categóricamente la violencia, pero sostuvo que las movilizaciones deben comprenderse considerando también el malestar social que las originó.
“Esto ha pretendido ser transformado en un arma ideológica de la derecha ultra, en consecuencia, se ha banalizado. Una protesta social de esas dimensiones requiere un análisis más profundo”, estableció.
El diplomático recordó la convocatoria de alrededor de 1,2 millones de personas en Plaza Baquedano y el bajo respaldo que registraba Carabineros durante ese periodo. A su juicio, estos antecedentes reflejaban un descontento que no puede explicarse únicamente por los hechos delictuales ocurridos durante las protestas.
Consultado sobre la posibilidad de que un episodio similar vuelva a ocurrir, Arriagada señaló que siempre existe esa opción, aunque manifestó su esperanza de que no se repita.
Parlamentarios
Desde su punto de vista, el senador (PS) Gastón Saavedra afirmó que el punto al que llegó la sociedad chilena el 18 de octubre fue producto del agotamiento que provocaron una serie de promesas incumplidas. “Siempre se dijo que en Chile iban a haber pensiones justas cuando se aplicaron la AFP. Siempre se dijo que los jóvenes iban a ceder a un mejor nivel de educación. Siempre se dijo que los chilenos iban a tener viviendas dignas”, ejemplificó.
Además de aquello, las desigualdades se fueron acrecentando cada vez más, indicó, y agregó que “el 1% más rico cada día era más rico y los pobres más pobres”. El desequilibrio era muy grande, expresó el parlamentario, aunque hizo un alcance importante: la violencia no es el camino.
El senador Saavedra estableció que incluso ahora hay nuevamente muestras de descontento. “Porque las pensiones siguen siendo magras, tenemos los mismos problemas de salud, tenemos más campamentos, la educación sigue siendo la pública de mala calidad”, indicó.
Con respecto a lo que es necesario hacer en la actualidad con aquellos pendientes del estallido social, Gastón Saavedra realizó un llamado: “Lo que se requiere es que haya nuevos consensos, la construcción de acuerdos políticos lo más amplio posible para garantizar a los chilenos y chilenas el camino de sus derechos”.