En dicha indagación se detuvo a una docena de comuneros mapuche, a través de mecanismos de la Ley de Inteligencia. Fiscal, Luis Arroyo asegura que Dipolcar ajustó pruebas para vincularlo sentimentalmente con la abogada Mónica Palma, investigada por “supuestas filtraciones” a uno de los involucrados.
El Fiscal jefe de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo, presentará a título personal, una querella contra los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, Dipolcar, por haber realizado un montaje en las pruebas que acusan a una de sus abogadas asistente de “supuestas filtraciones” a un imputado de la Operación Huracán. En dicha investigación se detuvo a una docena de comuneros mapuche, a través de mecanismos de la Ley de Inteligencia.
La acción judicial acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Temuco, en diciembre del año pasado, investiga a Mónica Palma por el presunto delito de obstrucción a la investigación. Se indaga un posible encubrimiento por parte de Arroyo, debido a que mantendría supuestamente una relación sentimental con la abogada.
La investigación tiene origen en el oficio N°202 de fecha 11 de diciembre de 2017 en que la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, comandada por el general inspector Gonzalo Blu, le remitió al fiscal nacional Jorge Abbott dando cuenta que tras invocar la Ley de Inteligencia se obtuvo mensajes de la abogada quien habría entregado a un tercero el 16 de septiembre de 2017 información que llevgó a manos de miembros de la CAM, violando el secreto de información de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, detalla La Tercera.
Arroyo a su vez, pide que se investigue también la denuncia que hizo Carabineros al Ministerio Público, que involucra a un supuesto funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI ya que, asegura dicha filtración se hizo con el ánimo de perjudicar su carrera como fiscal.
“Se busca crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo, y a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas”, detalló.
Acto seguido explica que él no se caracteriza por ser un profesional llano a realizar “cualquier diligencia investigativa o medida intrusiva sin cuestionar las formas ni medios a través de las cuales se obtiene la información en que éstas se fundan” y que este estándar “es aún más patente en el ámbito de los elitos de violencia rural a mi cargo, siendo aún mayores las diligencias del día a día que se imponen en la dirección de investigaciones penales (…) en la búsqueda de un trabajo investigativo de calidad, no he estado dispuesto a aceptar errores y omisiones en el trabajo investigativo y exijo apego irrestricto a las normas y garantías legales y constitucionales en cada diligencia”.
Supuestos errores de procedimiento por parte de Dipolcar
“El oficio policial dice (que la situación de la abogada asistente) podría haber estado en mi conocimiento, habiéndome inhibido de adoptar acciones en contra de dicho abogado por mantener una relación sentimental con ella”, dice Arroyo en su querella. Y agrega, “para sustentar dicha imputación injuriosa, se agrega en el oficio N°202, la aparente transcripción de supuestas conversaciones vía mensajería Whatsapp entre la abogada Palma Martínez y el suscrito, que habrían tenido lugar los días 20 de octubre de 2017, 08, 18, 21 y 23 de noviembre de 2017”.}
Dichas comunicaciones, detalla el fiscal de Alta Complejidad, no serían reales debido a que Carabineros la habría obtenido con orden judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco invocando la Ley de Inteligencia, tal como se supone que interceptaron comunicaciones de Héctor Llaitul líder de la CAM, y los otros siete detenidos en Operación Huracán que fueron liberados por la Corte Suprema.
Dudas desde el Ministerio Público
Al interior del organismo, se señala que este enfrentamiento con la Dipolcar de Carabineros ha hecho dudar de la prueba incorporada contra los comuneros, que hizo que se dejara en prisión preventiva tras sus detenciones el año 2017, razón por la que no se ha vuelto a requerir órdenes de detención contra Llaitul y los demás investigados, hasta aclarar la situación que involucra a la Dirección de Inteligencia Policial.
“Los hechos relatados endicho Oficio 202 de la Dipolcar son absolutamente falsos, jamás ocurrieron, ni nada similar a lo que allí se relata; es decir, él o los autores materiales e intelectuales del contenido de dicho oficio mienten en todo lo que allí se consigna”.
Falsos encuentros
Luis Arroyo asegura que Carabineros inventó encuentros entre él y la abogada Palma, dentro y fuera de la Fiscalía Regional de Temuco, uno de ellos el 20 de octubre del año pasado, en la fiesta de aniversario de la Fiscalía en que estuvo –según dice- con otras 200 personas que pueden dar fe de dónde estuvo, que también los sitúan el 8 de noviembre de 2017 y asegura que ese día “me retiré más temprano (de la Fiscalía) ya que es el día de cumpleaños de mi hija menor, razón por la cual permanecí en una reunión familiar durante la tarde y la noche de aquel día”.
El Fiscal, continúa, “pero lo más burdo e irrisorio, y que demuestra la ineptitud máxima de parte de quien o quienes inventan esta absurda historia, es que en las últimas tres ocasiones en que supuestamente me reuní con la abogada yo me encontraba fuera de Chile”. Y asegura que todo esto “viene a corroborar aún más la falsedad de la información contenida en el oficio N°202 de la Dipolcar”.
Además dijo que, en el informe la Dirección de Inteligencia saca fotos suyas que están disponibles en la Web pero también extrajeron familiares desde la cuenta Facebook de su esposa. “Sólo se pueden explicar porque alguien ingresó de manera ilegal a Facebook”.
Finalmente, luego de dadas a conocer las impresiones por parte del Fiscal Arroyo, el Ministerio Público deberá investigar las acusaciones cruzadas que enfrentan a Carabineros y a los fiscales de la Araucanía.