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Nueva Constitución impulsada por la Presidenta Bachelet depende de su aprobación en plebiscito

Natalia Matus
Fotografía: Gob.cl
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Este martes la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de Nueva Constitución, el cuál será enviado al Congreso, tal como lo anunció en cadena nacional la noche del lunes.

Entre los  principales aspectos del documento, destaca que deberá ser aprobado en plebiscito final donde los ciudadanos y ciudadanas expresen si lo aprueban o rechazan. De acuerdo a declaraciones de la Presidenta, “la Carta Magna sostendrá las bases ciudadanas que recogen los resultados de la etapa participativa que se desarrolló durante los primeros años de gobierno y donde aportaron más de doscientas mil personas”.

Inviolabilidad de la dignidad humana y el derecho y protección de los derechos humanos

Por lo tanto, el proyecto dispone de un mecanismo de tutela universal de los derechos, donde no existen derechos que valgan más que otros en cuanto a su protección, lo que implica que toda persona vulnerada en sus derechos podrá recurrir ante cualquier tribunal ordinario de primera instancia y solicitar la tutela de sus derechos, cuestión que podrá ser apelable ante el Tribunal Constitucional.

Una iniciativa que impulsa una nueva manera de comprender los los derechos fundamentales y la estructura de poderes del Estado, considerando las inquietudes recogidas desde las bases ciudadanas.

Reconocimiento de los pueblos originarios

El proyecto de Nueva Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental “del orden constitucional”,  por lo que el estado tiene la obligación de promover y respetar su integridad, derechos y cultura. A su vez, se reconoce la representación indígena en el Congreso Nacional.

Gratuidad en la educación

Otro de los puntos primordiales del proyecto es que establece los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes; el derecho a la personalidad, a la participación, a la información, a la vivienda, al trabajo, o a la gratuidad en la educación“.

Equidad salarial

La Nueva Constitución amplía el derecho al debido proceso, el derecho a huelga, al ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la libertad individual y a la seguridad personal, derecho a la protección de los datos privados o a la calidad en la salud pública y a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, especialmente en materia salarial“.

Régimen político

En cuanto al régimen político, se fortalece el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.  Por lo que se eliminan los quórum supra-mayoritario de las leyes por lo que sólo existirán la mayoría simple y mayoría absoluta

De manera que se le atribuye iniciativa legal al Congreso en materia laboral, de seguridad social y en la creación de servicios públicos.

Tribunal Constitucional

El proyecto contempla la eliminación el control preventivo que puede hasta hoy requerir una minoría ante el Tribunal Constitucional, y sólo se podrá controlar obligatoriamente ciertas leyes con un quórum de cuatro quintas partes, es decir, ocho de diez Ministros del Tribunal Constitucional (esto responde a la discusión constitucional desde la entrada en vigencia de la Constitución).

La Carta Magna  establece las audiencias públicas obligatorias en la Sala del Senado o la Cámara de Diputados para todos los nombramientos de autoridades, tales como los ministros de la Corte Suprema, Ministros del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y el Fiscal Nacional entre otros y propone un nuevo sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional donde intervienen los tres poderes del Estado:

1- La Corte Suprema llama a concurso público y elabora una terna

2.- Luego el Presidente de la República elige uno de los miembros de la terna y lo propone al Congreso Nacional, donde ambas cámaras deberán aprobar el nombramiento.

3.- Luego el Presidente designa a candidato que aprobó el Congreso.

Democracia

La Nueva Constitución busca profundizar la democracia, para lo cual se complementa a través de mecanismos de innovación democrática como lo es la iniciativa ciudadana de ley que podrá activar el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio. 

 

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