El Gobierno comprometió esfuerzos para finalizar las construcción de los jardines Junji que se encuentran paralizadas. En la Región del Biobío existen ocho establecimientos que fueron abandonados por las empresas a cargo de las obras, lo que significó un perjuicio fiscal de $230 millones.
Las irregularidades, presente el 23 contratos, derivan del no cobro de seguros y pagos de partidas no ejecutadas. El informe fue entregado por Contraloría a petición de la Seremi de Educación.