Sin medidas cautelares, es decir, en libertad, quedaron dos de los tres imputados por el robo y ataque incendiario de una escuela internado de la comuna de Cañete, hecho ocurrido el 15 de julio pasado. Solo uno de ellos deberá cumplir arresto domiciliario durante la investigación.
Esta decisión de los tribunales, duramente cuestionada por el Gobierno, se argumentó en que los antecedentes presentados en la audiencia por el Ministerio Público no fueron suficientes para acreditar la participación de los detenidos en los hechos más graves, como el incendio.
Desde la Fiscalía explicaron que el tribunal dio por acreditada la existencia del grave delito, “pero desestimó la participación de los encartados (imputados), postura contraria a lo planteado por el órgano persecutor“. Es por ello que avanzarán “desarrollando las diligencias en los tres meses de plazo otorgados por el tribunal, para culminar la indagatoria”.
Consultamos sobre este caso al abogado penquista Andrés Cruz, quien clarificó que lo ocurrido en tribunales es parte del sistema, y que la investigación se sigue desarrollando, advirtiendo que más adelante la situación de los imputados cambie.
“Hay que tener elementos que generen convicción en el tribunal, no basta con la mera imputación de un hecho grave“, dijo el jurista.