El masificado negocio de las máquinas tragamonedas está en la mira de las autoridades. Por un lado, Fiscalía investiga a empresarios del rubro por un posible lavado de activos; y por otro, hay propuestas legislativas que buscan su prohibición, acusando distintos efectos nocivos en la población.
La semana pasada en Santiago, el Ministerio Público y la PDI allanaron 17 inmuebles de empresarios dedicados al rubro en el marco de una investigación por posible lavado de activos. Situación que nuevamente puso en debate la legalidad de estas máquinas pues, para muchos, son juegos de azar y no de destreza, por lo que deberían prohibirse.
En ese sentido, este jueves el senador Alejandro Navarro presentó una denuncia en Fiscalía solicitando “que se incauten las placas madres de todas las máquinas de azar del Biobío y que funcionan como supuestos juegos de destreza”, porque a su juicio “son ilegales, esconden mafias, adicciones, afectan la economía familiar y fomentan la ludopatía”.
El congresista impulsa un proyecto de ley para prohibir este tipo de máquinas y criticó que en el Senado se esté apoyando una iniciativa que busca mayores regulaciones para que operen en legalidad.
Proliferación
Un catastro elaborado en 2016, y encargado por la Superintendencia de Casinos, detectó 33.009 máquinas y 1.327 locales, solo en las ciudades más pobladas del país. Las comunas con mayor presencia fueron Estación Central (1.615), Curicó (1.458) y Temuco (1.306).
Considerando las comunas más pobladas, el estudio arrojó que, hasta 2016, en la región del Biobío habían 3.980 máquinas y 166 locales. Concepción aparece con 1.005 tragamonedas, Los Ángeles con 584, Tomé con 521, Coronel con 455, Chillán con 416, Penco con 411, Chiguayante con 185, San Pedro de la Paz con 117, Talcahuano con 57 y Hualpén con 48.
Han pasado dos años de esa medición y es evidente que el negocio se ha extendido en comunas más pequeñas e incluso zonas rurales. Por ello, la cantidad de máquinas operando en la región debe ya superar ampliamente las 4 mil.