El ministro en visita Carlos Aldana dictó acusación en contra de 14 miembros en retiro de Carabineros y tres ex funcionarios de CMPC por el homicidio y entierro ilegal de 19 obreros y campesinos en septiembre de 1973, en el caso denominado “Masacre de Laja-San Rosendo“. Este es el paso previo a una sentencia en el caso.
En la resolución, el ministro dedicado a causas de derechos humanos acusó a 9 miembros de Carabineros en retiro como coautores de homicidio calificado y a otros cuatro como encubridores del mismo delito. Además, otro ex uniformado fue sindicado como autor del delito de inhumación ilegal de las 19 víctimas.
Respecto de la responsabilidad de empleados de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) el ministro Aldana responsabilizó a un ex jefe de seguridad, un ex ejecutivo y un ex chofer como cómplices de los homicidios calificados.
La masacre
El ministro en visita logró determinar que entre los días 13 y 17 de septiembre de 1973, en las comunas de Laja y San Rosendo, fueron detenidas, por personal de la Tenencia de Carabineros de Laja, sin orden judicial ni administrativa competente, las 19 víctimas desde la CMPC y otras empresas y sectores rurales de la zona.
Tras permanecer varios días en los calabozos de la unidad policial, fueron sacados en vehículos de CMPC, para ser trasladados hasta el Regimiento de la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, a medio camino, la comitiva se desvió, los uniformados hicieron descender a los detenidos, los tendieron boca abajo y amarrados de manos los acribillaron con sus armas.
Los mismos policías cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad donde arrojaron los cuerpos. Días después funcionarios de Carabineros volvieron al sector para tapar los cuerpos con cal, de aquella que se utilizaba en la CMPC, la cual habría sido proporcionada por funcionarios de la empresa.
Un mes después, perros encontraron los restos humanos y al recibir la denuncia, Carabineros de Yumbel una persona encontró a perros con restos humanos, lugar, dando cuenta a Carabineros de Yumbel trasladaron los cuerpos al cementerio parroquial, sin autorización.