El Gobierno ingresó una indicación sustitutiva al proyecto de Ley sobre delitos ambientales, donde aumenta las multas a las empresas que no cumpla la norma, hasta en tres veces. Esto luego de que parlamentarios, expertos y la Corte Suprema criticaran la iniciativa.
Asimismo, desde el Ejecutivo señalan que con los cambios se expresa claramente la definición de daño ambiental, como destacó la Ministra de la cartera, Carolina Schmidt.
Las penas pecunarias se incrementaron; pasado de un rango de entre UTM 500 (unos $24,5 millones) hasta UTM 1.000 (unos $49 millones), a uno que va desde UTM 100 (unos $5 millones) hasta UTM 3.000 (unos $147 millones).
En caso de obstrucción de fiscalización y la entrega de información falsa a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), se introdujo un aumento sustantivo en la pena, doblando la multa del proyecto original, llegando hasta las UTM 1.000, unos $49 millones.
Además, se efectuó un cambio en los titulares de la acción penal, ya que ahora quien estará a cargo el Ministerio Público, quien podrá iniciar investigaciones de estos delitos. De este modo ya no será el SMA el responsable de esto como indicaba el proyecto original.
Asimismo, se realizó una distinción en la responsabilidad penal -la que sigue siendo de las personas jurídicas- donde se incluyó una lista de delitos que toda empresa debe evitar, sin importar el giro y estableciendo un protocolo de prevención, según destaca La Tercera.