Distintos cuestionamientos ha recibido la facultad que tienen las autoridades sanitarias para ingresar por la fuerza a los hogares, ante alguna denuncia o sospecha fundada de incumplimiento de las medidas sanitarias, en el marco del plan “Fondéate en tu casa“.
El senador Alejandro Navarro aseguró que recurrirá a Contraloría para que revise la legalidad de esas atribuciones. “No existe fundamento epidemiológico para permitir que Carabineros y fiscalizadores ingresen a los hogares con el pretexto de inspeccionar las medidas sanitarias. Carabineros no cuenta con el respaldo ciudadano para facultarlos de esa tarea, en un acto a todas luces ilegal, que Contraloría debe investigar”, señaló.
El congresista acusó, además, discriminación clasista en esta fiscalización, pues a su juicio “se producirá en comunas populares, donde hay hogares con alta tasa de hacinamiento, no en sectores acomodados, por lo que será una fiscalización clasista y arbitraria, que permitirá allanamientos injustificados a los hogares de Chile”.
“Contraloría tiene el deber de investigar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos fue claro en señalar que durante un Estado de Catástrofe y de Emergencia Sanitaria, el Estado puede limitar solo el derecho de reunión y desplazamiento, y paradójicamente, el sector que más defiende el derecho a propiedad, hoy de manera inédita pretende vulnerar el derecho a la inviolabilidad del hogar. Esto no puede ser permitido”, reclamó Navarro.
Abogados advierten posible inconstitucionalidad
El abogado y académico de la Universidad de Concepción (UdeC), Andrés Cruz, indicó a Diario Concepción que “esta decisión de la autoridad sanitaria central es un exceso que linda en afectación injustificada de derechos esenciales. Que un organismo de índole administrativo, ni siquiera jurídico, tome la decisión de entrar a una propiedad privada, pasando a llevar la inviolabilidad del hogar y el derecho a la propiedad, es un despropósito y una amenaza”.
Por su parte, el abogado Remberto Valdés, señaló que “volvemos a encontrarnos con situaciones que rayan en la inconstitucionalidad, entendiendo que hay bienes jurídicos que son importantes, además de la inviolabilidad del hogar, está el derecho a integridad física y psíquica que se ve invadida por parte de la autoridad y del Estado de Chile que se meterá a la casa o departamento de forma opresiva, cuando no se está cometiendo un delito flagrante, que se pueda ver desde fuera”.