El Ministerio Público decidió abrir una investigación penal por la entrega del Bono de Clase Media a más de 430 mil trabajadores que no cumplían el requisito de una caída de ingresos y presentaron información errónea al momento de solicitar el beneficio.
Según informó el Servicio de Impuestos Internos (SII), fueron 400.603 trabajadores del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado a quienes se solicitó devolver los $500 mil del beneficio. Todos ellos presentaron diferencias entre el monto que autodeclararon como sueldo de julio de 2020, al momento de solicitar el bono, y el real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o de lo efectivamente percibido.
Ante esta situación, el Ministerio Público designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer para establecer cómo se realizará la persecución penal y qué delitos se habrían cometido. Eso sí, el primer objetivo sería que las personas devuelven el dinero de manera voluntaria.
Días antes, el fiscal nacional Jorge Abbott había oficiado al SII para obtener el listado de los trabajadores que incurrieron en la irregularidad, donde se indicó que eventualmente se configurarían delitos como fraude de subvenciones o perjurio, entre otros, según publicó diario La Tercera.
Las casi 500 mil personas involucradas fueron notificadas por el SII, a través de correo electrónico, que deben devolver el bono antes del 30 de noviembre, a través del sitio web de la Tesorería General de la República. Hasta ayer, cerca de 15 mil trabajadores ya habían reintegrado el dinero.