La inundación que afectó al zócalo del Hospital Traumatológico de Concepción el pasado 22 de octubre dejó pérdidas millonarias y abrió una serie de interrogantes sobre las condiciones en que se almacenaban los insumos clínicos en dicho establecimiento.
Mientras el Servicio de Salud Concepción cifró preliminarmente los daños en cerca de $300 millones, desde los gremios han advertido que el monto podría ser mayor y han planteado la posibilidad de que algunos materiales hayan resultado contaminados.
En ese contexto, Diario Concepción conversó con Renato Medina Ramírez, experto en gestión y administración de salud, quien se desempeñó como director subrogante del Servicio de Salud Concepción, donde trabajó 14 años. El especialista abordó las eventuales responsabilidades administrativas, los riesgos sanitarios asociados y las medidas que deberían adoptarse para esclarecer lo ocurrido.
Foto: Carolina Echagüe
—Usted ha comentado las millonarias pérdidas que dejó la inundación del zócalo del Hospital Traumatológico. Se habla de insumos contaminados con materia fecal y de daños que podrían superar los $300 millones. Más allá de lo económico, ¿qué consecuencias podría enfrentar el hospital?
—Las consecuencias son variadas. Una de las primeras medidas debería ser revisar y actualizar los procedimientos asociados al manual de calidad, de manera que se modifiquen los procesos.
Sin embargo, hay otra cuestión más compleja. Aquí se requieren dos tipos de investigaciones: Una podría llamarse auditoría clínica y apunta a determinar si hubo contaminación de los insumos y si estos posteriormente fueron utilizados en pacientes. Eso es grave, porque algunos dirigentes plantearon esa posibilidad.
La otra investigación debe establecer las eventuales responsabilidades administrativas. Y estas no necesariamente recaen solo en el director del hospital, porque este no es un establecimiento autogestionado en red, sino que depende directamente de la Dirección del Servicio de Salud.
Incluso podría darse una situación en que la Dirección del Servicio fuera demandada o denunciada mediante un juicio de cuentas, en el que el director tuviera que responder con su patrimonio personal por las pérdidas. Ya hemos visto situaciones anteriores en que se han iniciado juicios de cuentas por problemas relacionados con multas.
—¿Las investigaciones podrían esclarecer si existió algún intento de ocultar información?
—Bueno, siempre existen todas las posibilidades. Pero aquí hay que ser claros, lo grave tiene que ver con la gestión del propio establecimiento. Yo planteaba la separación entre estrategia y operación. La dirección del hospital es la encargada de la estrategia y, por esa razón, deberían asumir la responsabilidad por los hechos ocurridos el 22 de octubre.
—El diputado Roberto Arroyo presentó seis oficios ante distintas instituciones para indagar eventuales responsabilidades ¿Qué debería hacer el hospital en el corto plazo para transparentar lo ocurrido y demostrar que actuó adecuadamente?
—Un gestor debe ser capaz de anticiparse, pero no como un vidente, sino más bien como un estratega. Aquí no se actuó ni como vidente ni como estratega, porque la dirección debió tomar cartas en el asunto e iniciar proactivamente las investigaciones, tanto clínicas o químicas, para determinar una posible contaminación, como aquellas relacionadas con la calidad.
Hay que considerar que este hospital está próximo a enfrentar un proceso de reacreditación el próximo año. Por eso, también hay que consultar a la Superintendencia de Salud y a la Seremi de Salud.
Debe existir, al menos, un sumario administrativo que permita establecer qué pasó y qué provocó que el zócalo terminara inundado. También hay que preguntarse por qué ocurrió en este hospital y no en el Hospital Regional, que está al lado.
—¿Qué implica ese proceso de reacreditación que enfrentará el hospital? ¿Una eventual irregularidad podría incluso derivar en su cierre temporal?
—No tiene que ver directamente con la acreditación. Los pilares de la calidad están dados por la infraestructura, la normativa, la certificación y la acreditación. El hospital ya está acreditado.
Lo que tú planteas va por otra vía: el análisis químico de los insumos que podrían haberse contaminado. Si esos insumos están en el establecimiento y se encuentran en uso, es la Seremi de Salud la que tiene que investigar.
Si se comprueba que se están utilizando insumos clínicos contaminados, probablemente podría existir una clausura. Pero eso tiene que probarse. No estoy diciendo que haya ocurrido.
Y la otra parte es la responsabilidad administrativa del director (Edwin Ñanco). Si esa responsabilidad no recae en él, eventualmente podría alcanzar a la Dirección del Servicio de Salud.
—Yendo a lo concreto… ¿Lo lógico habría sido que los insumos no estuvieran en el zócalo?
—Sin duda. Y discúlpame el término, es lo peor de todo, es ridículo que los insumos estén ahí. Estamos en una región lluviosa. Incluso la propia subdirectora de Recursos Físicos señaló que llueve mucho. Entonces, ¿cómo es posible que tengan los insumos en el zócalo?
Hay otro aspecto: la norma establece que los insumos clínicos deben estar entre 15 y 30 centímetros sobre el suelo. Eso también debe investigarse, porque vi un video circulando en el que, aparentemente, ni siquiera estaban sobre pallets. Habrá que revisar la veracidad.
—A partir de los registros de la inundación, y considerando que la autoridad cifró las pérdidas en $300 millones, ¿cree que esa cifra es definitiva o podría ser mayor?
—Primero, los $300 millones corresponden a la cifra entregada por la autoridad competente, el Servicio de Salud Concepción. Sin embargo, ese monto considera que parte de los insumos pudo ser rescatada.
Me parece irresponsable considerar que esos materiales pueden recuperarse si no existe un análisis químico que lo respalde, como señalaba la dirigenta. Probablemente tengan que eliminarse más insumos.
Y aquí hay otro aspecto: ¿cuántos kilos de material deben eliminarse? Esto no consiste simplemente en botarlos a la basura. Hay una empresa que cobra por retirar y eliminar estos insumos contaminados, que corresponden a residuos de establecimientos de atención de salud (REAS).
Por lo tanto, además hay que considerar el costo de eliminación.
—¿Ese gasto adicional por el retiro y la eliminación de los insumos debería asumirlo el hospital durante este año?
—Ese gasto corresponde al presupuesto de este año. Creo que nadie contempló que se perderían $300 millones o más producto de esta situación. Después viene la reposición de los insumos.
También hay que considerar que los hospitales necesitan inyecciones de recursos todos los años. No solamente este hospital: ninguno llega a fin de año sin esos aportes. Yo estuve en el Servicio de Salud y conozco esa realidad.
Me atrevo a decir que este hospital no llega con recursos a fin de año. A finales de noviembre probablemente ya estaremos discutiendo cuánto habrá que inyectar durante diciembre para cerrar el año con una determinada deuda. Ya no se trata de cerrar y equilibrar las cuentas, sino de terminar con una deuda.