Esta semana fue notificado el fallo de primera instancia que condenó al exoficial de Carabineros Fernando Torre (F.N.T.G.) por su responsabilidad en la muerte del estudiante de la Universidad de Concepción, Caupolicán Humberto Inostroza Lamas. La resolución, dictada por el ministro en visita de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, Waldemar Koch, impone al acusado una pena de cinco años de presidio, la que cumplirá bajo el régimen de libertad condicional.
El caso constituye uno de los crímenes más emblemáticos ocurridos en la Región del Biobío durante la dictadura cívico-militar, no solo por la brutalidad del hecho, sino también por el lugar en que ocurrió: al interior de una universidad. Caupolicán Inostroza, de 26 años, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Concepción, participaba el 27 de marzo de 1984, junto a otros estudiantes, en una manifestación convocada en el marco de la Octava Jornada de Protesta Nacional, con la intención de marchar hacia el centro de la ciudad. La marcha fue interceptada por efectivos de Carabineros en el Barrio Universitario. En ese contexto, uno de los uniformados, el hoy condenado, utilizó su escopeta Winchester Anti-Motín, disparando un proyectil de goma que impactó al estudiante, causándole una grave hemorragia interna que derivó en su muerte por anemia aguda, dentro del recinto universitario.
“El hecho, ocurrido en el corazón mismo de un espacio de pensamiento y libertad, se ha transformado con el tiempo en un símbolo de la represión dictatorial y de la impunidad de la época. Caupolicán representa, para amplios sectores del movimiento estudiantil y de los derechos humanos, una figura histórica cuya muerte encarna la magnitud de la violencia ejercida por el Estado incluso dentro de los límites de las universidades”, sostienen en el comunicado.
Al respecto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región del Biobío, Carlos Uslar Venegas, valoró la sentencia señalando que “es un paso significativo en el camino de la justicia y la memoria histórica. Las instituciones del Estado deben garantizar que hechos como estos no queden en la impunidad y que las víctimas sean reconocidas y respetadas, ante lo cual reiteramos nuestro compromiso como cartera y desde nuestro gobierno con la defensa de los derechos humanos y con el fortalecimiento de los mecanismos judiciales que permiten avanzar hacia una sociedad más justa y democrática.”