Con próximas alzas y obras pendientes, autoridades locales coinciden en un pago paulatino del telepeaje.
Tras su etapa de marcha blanca y con el cobro del TAG rigiendo desde el 24 de noviembre, el Puente Industrial marcó un punto de inflexión para la movilidad entre San Pedro de la Paz y Hualpén. La activación del sistema de telepeaje “free flow“ puso fin al período de gratuidad y dio paso a un esquema tarifario que, en pocas semanas, se instaló como el eje de una discusión que sigue abierta.
Para los vehículos livianos, la tarifa base quedó fijada en $737 por pasada durante 2025, monto que se reajustará a $762 a contar de enero de 2026, lo que implica un alza cercana al 3,4 % asociada al IPC. En el caso de motocicletas, el valor se mantiene en $221, mientras que los buses y camiones enfrentan tarifas que parten en $2.211, y los camiones con remolque superan los $3.600 por cruce, configurando un impacto diario significativo para el transporte de carga que realiza múltiples trayectos.
A estos montos se suman los costos aplicables a quienes circulan sin TAG habilitado. El cobro por pasada considera un recargo del 20 % sobre la tarifa base —elevando, por ejemplo, el valor para autos a $884—, mientras que el pase diario, destinado a tránsitos múltiples en una misma jornada, puede alcanzar los $4.048 en vehículos livianos y superar los $20 mil en camiones con remolque. Este esquema, que amplía la brecha entre usuarios frecuentes y poco frecuentes, ha sido uno de los puntos más cuestionados del actual sistema tarifario.
En paralelo, el uso del viaducto comenzó a ser observado con mayor atención. Mientras algunos reportes iniciales apuntaron a una baja en el flujo tras la activación del TAG, otros antecedentes oficiales mostraron un comportamiento más estable. Esa diferencia entre cifras y percepción ciudadana pasó a ser parte del diagnóstico, especialmente en sectores donde persisten episodios de congestión y desvíos hacia ejes urbanos alternativos.
La controversia también escaló al plano institucional. Vecinos recurrieron a tribunales para cuestionar la legalidad del cobro en una obra que mantiene trabajos pendientes, mientras alcaldes y el Gobierno Regional (Gore) del Biobío solicitaron formalmente al Ministerio de Obras Públicas (MOP) evaluar alternativas al cobro total. Así, el foco dejó de estar en si se debía cobrar y pasó a concentrarse en cómo se aplica el peaje y bajo qué condiciones.
Gore
Desde el Gore, la posición ha sido clara en cuanto a los límites del debate. Según explicó el jefe de la División de Infraestructura y Transporte, Jaime Aravena, el marco contractual de las concesiones establece que este tipo de obras debe necesariamente ser objeto de cobro, descartando así la eliminación del TAG como escenario viable.
“Nuestra propuesta no busca eliminar dicho cobro, sino establecer una implementación gradual”, sostuvo, al detallar los fundamentos que han planteado al MOP. El primero de ellos apunta a que el Puente Industrial aún no se encuentra completamente terminado, particularmente por la ausencia de ramales de acceso y salida en San Pedro de la Paz, lo que afecta la operación y reduce los niveles de servicio esperados, especialmente en la salida sur hacia Coronel.
A ello se suma un segundo argumento de carácter social. Para el Gobierno Regional, se trata de la primera autopista urbana con cobro de peaje en el Gran Concepción, lo que ha generado rechazo o desconfianza entre los usuarios. En ese escenario, un esquema gradual permitiría un proceso de adaptación, dando espacio a que las personas evalúen los beneficios reales de la infraestructura en términos de tiempo y consumo de combustible.
El tercer elemento es económico. Plantean la necesidad de evaluar si un cobro parcial tendría un impacto negativo efectivo en la concesionaria, considerando que una tarifa menor podría traducirse en un aumento inmediato de usuarios y compensar la reducción del ingreso unitario. La idea, subrayan, no es alterar el contrato, sino ajustar su aplicación mientras la obra se consolida.
Un punto importante es el próximo Gobierno de José Antonio Kast, a quien el actual gobernador de Biobío entregó su apoyo en la campaña.
Sobre esto relacionado al Puente Industrial, el Gore adelantó que mantendrá la misma postura y buscará retomar el diálogo con las nuevas autoridades. Sin embargo, el énfasis inmediato está puesto en otro factor: el retorno a clases. Con los establecimientos educacionales en receso, los flujos han disminuido, pero el “súper lunes” de marzo coincidirá con la transición de autoridades, un escenario que —advierten— podría complejizar la respuesta oportuna ante eventuales impactos en la movilidad.
Señales municipales
En particular, desde San Pedro de la Paz, el alcalde Juan Pablo Spoerer introdujo un matiz relevante al debate al poner sobre la mesa los datos disponibles. De acuerdo con las mediciones del MOP y de la concesionaria, señaló, el flujo diario por el Puente Industrial se ha mantenido estable, en torno a los 13 mil vehículos, tanto antes como después de la implementación del TAG.
Spoerer reconoció que existen tensiones puntuales y episodios de atochamiento en determinados días, pero afirmó que, según los antecedentes objetivos que maneja el municipio, estos no obedecen directamente al inicio del cobro. En esa línea, planteó que la demanda ha mostrado un comportamiento inelástico, ya que el paso de gratuidad a una tarifa cercana a los $700 no modificó el uso del viaducto.
No obstante, fue enfático en diferenciar los datos de las señales que se transmiten a la comunidad. “No se puede cobrar por un puente que no está completamente listo”, afirmó, cuestionando tanto la aplicación del TAG al 100 % como el aumento tarifario ya implementado. A su juicio, más allá de las cifras, el mensaje hacia los vecinos resulta incomprensible mientras existan obras pendientes y déficits viales no resueltos en la comuna.
De cara a la próxima administración de La Moneda, por parte del sector político afín del alcalde sampedrino, este comentó que la postura municipal no responde a afinidades partidarias, sino a un mandato vecinal. “Gobierne quien gobierne, las necesidades van a ser las mismas”, señaló, agregando que insistirán ante el próximo Ministerio de Obras Públicas para que exista una disposición distinta al diálogo y a la inversión vial que San Pedro de la Paz viene demandando.