La Cámara sorteó a los cinco diputados que integrarán la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, instancia que contará con la participación de la parlamentaria del Biobío Joanna Pérez.
La instancia contará con la participación de una parlamentaria del Biobío.
La mañana de este martes, la Cámara de Diputados y Diputadas sorteó a los integrantes de la comisión encargada de revisar la Acusación Constitucional (AC) presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
La comisión quedó conformada por los diputados Carlos Bianchi (IND-PPD), Marcela Hernando (PR), Alejandro Bernales (PL), Luis Fernando Sánchez (REP) y Joanna Pérez (IND-DEM), representante de la Región del Biobío.
El grupo estará integrado por una mayoría de parlamentarios de oposición, escenario que, según se estima, podría influir en el desarrollo de la revisión del libelo.
¿De qué trata la acusación?
Durante el sorteo realizado en la Cámara se informó que la acusación contra el exsecretario de Estado se fundamenta en una presunta infracción a la Constitución Política y a diversas normas legales vinculadas al manejo fiscal de las finanzas públicas durante su gestión.
En ese contexto, la Cámara explica que “en general, se plantea que Nicolás Grau infringió las normas que regulan la administración financiera del Estado, la programación financiera, el control financiero y los deberes de dirección superior que el ordenamiento jurídico radica en quien ejerce la conducción superior de las finanzas públicas de la República”.
Asimismo, respecto de la responsabilidad constitucional, se señala que “el exministro conocía o, al menos, debía conocer -en razón de su cargo- las advertencias técnicas formales y reiteradas del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional y de la Dirección de Presupuestos. Pese a ello, habría mantenido las proyecciones cuestionadas”.
El primer capítulo de la acusación sostiene que habría infringido el artículo 8° de la Constitución Política, debido a la entrega de información fiscal inconsistente, vulnerando los deberes de probidad, transparencia e integridad en la gestión financiera del Estado.
El segundo capítulo apunta a una presunta infracción al artículo 3° del Decreto Ley 1.263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por vulnerar los principios de unidad y coordinación que rigen dicha administración.
El tercer capítulo acusa una eventual infracción al artículo 4° del mismo cuerpo legal, por la omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes, en contravención al principio de universalidad presupuestaria.
Finalmente, el cuarto capítulo se refiere a una supuesta infracción al artículo 5° del decreto ley, relacionada con el deber de consistencia y coherencia de la programación financiera del Estado.
Plazos del proceso
Tras la conformación de la comisión revisora, comienza a correr un plazo de tres días para que la Cámara notifique, personalmente o por cédula, al exministro de Hacienda.
Una vez notificado, Nicolás Grau dispondrá de diez días para comparecer ante la comisión, de manera presencial o por escrito, y presentar sus descargos frente a la acusación.
Posteriormente, la comisión especial tendrá seis días para analizar el libelo y emitir un pronunciamiento, el que será remitido a la Sala junto con su recomendación.