De acuerdo con antecedentes del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el Biobío, un total de 19 proyectos de inversión han obtenido aprobación ambiental durante 2026. En conjunto, las iniciativas representan una inversión declarada de US$ 743 millones y contemplan la generación de 3 mil 111 puestos de trabajo.
A este escenario se suman otros 22 proyectos que actualmente permanecen en evaluación ambiental, los que involucran una inversión de US$ 1.191 millones y una estimación de 3 mil 509 empleos.
Al respecto, el seremi de Medio Ambiente del Biobío, Mario Delannays, señaló que “estos son los antecedentes que declaran los titulares cuando se somete a evaluación algún proyecto, tanto el monto de inversión como la mano de obra comprometida”.
Entre las iniciativas que ingresan al sistema existen distintos tipos de proyectos asociados a infraestructura y servicios, explicó el seremi, añadiendo que también destacan propuestas vinculadas a la construcción y otros desarrollos regionales.
Sobre las iniciativas en tramitación, Delannays detalló que cinco corresponden a la revisión de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), mientras que el resto ingresó bajo la modalidad de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Así, el proceso involucra la revisión exhaustiva de antecedentes por parte de distintos organismos públicos.
“Algunas veces participan más de 30 servicios públicos en la revisión de los antecedentes que se registran”, explicó la autoridad regional. Asimismo, agregó que el rol del órgano ambiental consiste en coordinar que se cumplan los procedimientos correspondientes y señaló que “nosotros lo que hacemos es coordinar que los plazos, las formas y el fondo se cumplan conforme a la normativa”, precisó.
Dependiendo de las características de cada iniciativa, también pueden desarrollarse procesos de participación ciudadana y reuniones con los servicios públicos competentes.
“Si se trata de un proyecto eléctrico o de la construcción de una carretera o un puente, siempre hay reuniones de coordinación para que la evaluación sea exhaustiva y no se trate solo de un flujo simple de papeles e información”, puntualizó el seremi.
Aprobación ambiental no asegura la ejecución
Por su parte, el abogado ambientalista Óscar Reicher plantea que las cifras deben ser interpretadas con cautela, especialmente cuando se habla de inversión real y empleos permanentes.
“Siempre es una buena noticia que se puedan crear nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, conviene mirar con cautela estos datos, pues la realidad es más compleja que los anuncios que a veces se realizan desde la autoridad”, sostuvo.
Uno de los puntos centrales que destaca el especialista es que los montos informados responden exclusivamente a las proyecciones de los propios inversionistas. “Habría que precisar si la cifra corresponde al monto declarado por los titulares o a inversión efectivamente ejecutada, dado que suelen ser estimaciones generales”, explicó.
Carolina Echagüe.
A ello se suma que una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable “certifica el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables, pero no acredita que el proyecto ya esté ejecutándose”, señaló Reicher, recordando que incluso una aprobación puede perder su vigencia si las obras no comienzan dentro del plazo establecido por la ley.
Asimismo, el abogado advirtió que la masa laboral anunciada varía significativamente según la fase de la iniciativa, ya que la etapa de construcción suele concentrar a la mayoría de los trabajadores en comparación con la fase de operaciones.
“Suele suceder que la mano de obra empleada se concentra principalmente en los periodos más breves, es decir, durante la construcción”, explicó. Como ejemplo, mencionó un proyecto aprobado este año en Santa Juana que estima un techo de 30 trabajadores durante la etapa de construcción —que dura cerca de un año—, mientras que para la fase de operación, de duración indefinida, solo contempla un puesto de trabajo.
¿Mayor eficiencia o sólo aceleración coyuntural?
Para Reicher, todavía no existen antecedentes suficientes para atribuir el volumen de aprobaciones a un cambio estructural en la capacidad resolutiva del Estado.
“Una mayor capacidad de tramitación ambiental debería suponer que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aumentó considerablemente la dotación de funcionarios destinados a esa tarea, cuestión de la que no se tiene noticia”, planteó.
A su juicio, por ahora es posible hablar de un aumento en la actividad resolutiva impulsada por la coyuntura, pero no de una fortaleza institucional permanente.
“En realidad sí hay señales de mayor dinamismo en las resoluciones, lo que depende de la gestión de las autoridades de turno, pero no puede afirmarse que la capacidad del sistema haya aumentado de forma estructural”, sostuvo.
Finalmente, el especialista apuntó que el comportamiento de la inversión regional debe analizarse considerando todo el abanico de permisos regulatorios, ya que la RCA no representa el paso final para iniciar operaciones. “Pese a lo que se cree, no todos los proyectos ingresan a evaluación ambiental y, aun obteniendo la RCA, resta una compleja etapa de permisos sectoriales”, concluyó.