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Presidente Piñera es acusado de crímenes de lesa humanidad ante Corte Penal Internacional

Equipo Digital
Fotografía: Agencia UNO
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Un oficio dirigido a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, fue emitido por el exjuez Baltasar Garzón junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH) y otros organismos internacionales, donde se acusa al Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad.

El documento tiene como fin que se inicie una indagatoria contra el jefe de Estado chileno y de sus colaboradores civiles, militares y policiales, por hechos cometidos “de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019, consignó Ciper.

De acuerdo a Garzón, “los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile y que exige una investigación independiente, internacional”.

Información a la que tuvo acceso el medio citado, indica que  los casos “son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

“Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”, añade el escrito.

Corte Penal Internacional ahora debe evaluar su admisibilidad, para luego iniciar la investigación. Esta última etapa puede durar hasta 10 años. La instancia también persigue sancionar a otras autoridades del país, entre ellos ministros o generales de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

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