El Ejecutivo ratificó este viernes que los proyectos de corredores exclusivos de transporte público de las rutas 160 y 150-Autopista Concepción-Talcahuano no continuarán bajo el modelo de concesiones y serán ejecutados por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La definición fue comunicada en las dependencias del Gobierno Regional del Biobío (GORE) por el biministro del MOP y Transportes, Louis de Grange, luego de una reunión que se extendió por más de dos horas y que estuvo marcada por el rechazo a la fórmula planteada, al punto que algunas autoridades comenzaron a retirarse antes de su término.
De Grange sostuvo que el cambio permitirá reducir en más de un 20 % los costos de inversión, sin modificar el estándar de servicio comprometido.
Según explicó, el inicio de las etapas de ingeniería se mantiene para 2027 y 2028, pero el cambio de concesión a obra pública retrasará las etapas posteriores de cada proyecto.
Esto se debe a que el Sistema Nacional de Inversiones exige una tramitación secuencial, mientras que el modelo concesionado permitía desarrollar algunas etapas en paralelo.
De esta forma, el MOP estima que el cronograma total se extenderá en dos meses para la Ruta 160 y en once meses para la Ruta 150-Autopista Concepción-Talcahuano, cuyo inicio —para este último— quedaría para 2029.
El biministro agregó que la nueva modalidad permitirá priorizar y adelantar algunas de las intervenciones consideradas críticas, como cruces, intersecciones y pasos desnivelados que concentran mayores niveles de congestión. “La decisión ya está tomada, vamos a avanzar como obra pública”, sentenció.
Rechazo transversal a la decisión
Consultado, el gobernador regional, Sergio Giacaman, valoró que al menos se mantuviera la ejecución de los corredores, pero reiteró que no comparte el cambio de modalidad y sostuvo que la región no está conforme con la alternativa planteada.
“Hace dos semanas no teníamos proyecto de corredores. Hoy día lo tenemos en un formato y en un modelo que no compartimos”, señaló.
Giacaman aseguró que el Gore asumirá un rol de fiscalización sobre los compromisos adquiridos por el MOP, particularmente respecto de los plazos. En ese sentido, destacó que De Grange comprometió una instancia de trabajo mensual para revisar el avance de los proyectos.
“No estamos de acuerdo con el modelo. Nadie de los que estuvo en la mesa está de acuerdo. Pero todos vamos a ser bastante claros en poder fiscalizar que los compromisos que planteó el ministro se cumplen”, expresó.
Pero la discusión también adquirió un componente de centralismo. El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, afirmó que el Ejecutivo “le dio la espalda a la región”, mientras su par de Hualpén, Miguel Rivera, sostuvo que la decisión vuelve a instalar la percepción de que la zona recibe un trato distinto frente a las grandes inversiones en la capital.
La crítica apuntó también a una contradicción entre el discurso oficial de entregar certezas a la inversión y la modificación de un mecanismo que ya había avanzado bajo el sistema de concesiones.
Alcaldes cuestionan los plazos
Las mayores críticas se concentraron en la estimación del retraso entregada por OO.PP. El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, sostuvo que considerar solo dos meses adicionales para la Ruta 160 resulta inverosímil, debido a la forma en que opera el Sistema Nacional de Inversiones.
“Creer que solamente va a existir un retraso de dos meses (…) nos parece, a lo menos, poco realista”, manifestó.
Spoerer anunció que continuará defendiendo el modelo de concesiones e instó a que los parlamentarios de la zona impulsen una interpelación para dejar establecidos formalmente los compromisos asumidos por el Ejecutivo. También propuso un proyecto de resolución mediante el cual el Congreso solicite al Presidente, José Antonio Kast, priorizar la ejecución de los corredores.
Más crítico fue el alcalde Rivera, quien estimó que el cambio podría retrasar las obras en “al menos un par de años más”. A su juicio, la tramitación de permisos y los procedimientos propios de la inversión pública dificultarán el cumplimiento del cronograma prometido.
En Talcahuano, el alcalde Saavedra elevó aún más la proyección y sostuvo que el retraso real podría alcanzar aproximadamente cuatro años. Según su estimación, los corredores podrían comenzar a operar recién entre 2035 o 2036, en contraste con el horizonte de 2031 que se manejaba bajo el esquema original.
Saavedra también cuestionó que el ahorro superior al 20 % informado por el Gobierno considere el costo de conservación de las obras durante 25 años, obligación que bajo el modelo original recaería en el concesionario.
Desde Lota, el alcalde Jaime Vásquez afirmó que “este es un proyecto que debería partir el año 2027. Con la nueva propuesta que plantea el ministro, esto va a comenzar recién el año 2029”, aseguró.
En paralelo, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, reafirmó que la modificación mantiene sin solución los problemas de conectividad de la Ruta 160 y cuestionó la falta de inversión para concretar el corredor. “La ruta más peligrosa de Chile (…) va a seguir siendo”, afirmó.
Ruta 160 / Foto: Isidoro Valenzuela M.
Cómo evolucionó la trama
La actual definición es el resultado de casi un mes de incertidumbre respecto del futuro de las iniciativas. La controversia comenzó a fines de julio, cuando el Ministerio de Hacienda instruyó a la cartera de Obras Públicas a detener la tramitación de las adjudicaciones de los proyectos, que contemplan una inversión cercana a US$ 400 millones.
La medida fue vinculada a las restricciones fiscales que enfrenta el Estado y a los compromisos financieros que implicaban las iniciativas. Los proyectos habían sido adjudicados al Consorcio Electro-Cointer, ligado al grupo español Azvi, único oferente del proceso.
Desde el comienzo, la decisión provocó un intenso rechazo entre autoridades locales y representantes empresariales. La incertidumbre llevó a La Moneda a asegurar, durante los primeros días de agosto, que los corredores no serían postergados, aunque todavía no se definía bajo qué modalidad continuarían.
Durante las semanas siguientes se sucedieron distintas versiones. Una de las alternativas que tomó fuerza fue el modelo mixto, que contemplaba mantener el corredor de la Ruta 160 mediante concesión y ejecutar la Ruta 150-Autopista Concepción-Talcahuano mediante una fórmula de contratación directa u obra pública.
A eso se sumó que en la Comisión de Obras Públicas del Senado surgieron antecedentes que mantenían abierta, al menos políticamente, la posibilidad de reconsiderar la fórmula.
La directora general de Concesiones (DGC), Lorena Herrera, había señalado en esa instancia que todavía no se había emitido la resolución de no adjudicación, situación que llevó a parlamentarios y autoridades locales a insistir en que existía margen para mantener la concesión.
Cronología que concluyó con lo explicado, desde Obras Públicas, durante este viernes en Concepción.